Con el advenimiento del nuevo gobierno y las declaraciones políticas del futuro gobernante, –en relación con el Listado Geográfico de obras y la participación de Organizaciones no Gubernamentales–, la opinión pública y diversos grupos de la sociedad civil han venido clamando por una obra pública más transparente.
Ha trascendido, incluso, que el grupo de jóvenes acuerpados en el denominado Movimiento Cívico Nacional –MCN– ha reunido una buena cantidad de firmas para solicitar que en la aprobación del nuevo presupuesto quede fijo y bien definido el listado geográfico de obras y que las mismas no sean intermediadas por organizaciones manipuladas por políticos.
Lo que ha estado en la mira de inicio es el denominado Listado Geográfico de Obras, que en los últimos años ha quedado supeditado al libre albedrío de los diputados, quienes se han reservado cuantiosos privilegios, incluyendo aportes extraordinarios financiados con onerosos Bonos del Tesoro.
Lo cierto es que durante esta última administración política, tanto el Ejecutivo como el Legislativo consintieron una serie de irregularidades que incluso llegaron a desprestigiar el ambiente de voluntariado y sin fines de lucro de las Organizaciones No Gubernamentales.
Las últimas noticias hablan de que el Ministro de Finanzas saliente y el entrante se han reunido con la instancia de jefes congresiles para tratar aspectos relacionados con el proyecto de Presupuesto 2012, siendo que varios congresistas que vienen trabajando en la transparencia han insistido que las Organizaciones no Gubernamentales permanezcan ajenas a la ejecución de obras. Asimismo, se demanda la inclusión del denominado Listado Geográfico de Obras dentro del documento de aprobación del Presupuesto.
Todo apunta a afirmar que se empieza con buen pie en este sentido, pero es preciso recordar que falta mucho por caminar para contar con una obra pública bien priorizada, que tenga los mayores efectos multiplicadores en la economía nacional. Falta mayor supervisión, mejores registros de las sociedades anónimas de los constructores, nuevas normativas en relación con los fideicomisos que están ligados a fondos públicos y, por supuesto, un Ministerio de Comunicaciones más honesto y profesional. ¿Tendremos esto?: aún está por verse.
Con el advenimiento del denominado “neoliberalismoâ€, a finales de los años 80, los programas estatales se flexibilizaron a propósito del nuevo principio de la subsidiariedad del Estado, y así fluyeron fondos sociales por doquier, y los Ministros de Finanzas y de Comunicaciones y Obras Públicas de turno fueron flexibilizando el uso de vehículos de propósito especial para ejecutar la obra pública, circunvalando, la mayoría de las veces las regulaciones sobre adquisiciones y contratación.
Así, tanto sociedades anónimas, como diversas organizaciones no gubernamentales, fideicomisos creados para el efecto, e incluso organismos internacionales, como los adscritos al sistema de las Naciones Unidas incluso, participaron como intermediarios de la obra pública, unos haciéndolo bien y otros descreditando esta labor, como sucedió con la Organización Internacional de las Migraciones –OIM–, encargada del aeropuerto La Aurora y del Puerto de Champerico, ambos proyectos muy cuestionados.
Lo cierto del caso es que buena parte de estas figuras han servido para enriquecer a ciertas personas y familias, y para conformar una nueva clase social que los analistas políticos han dado en llamar “los capitalistas emergentesâ€; es decir, nuevos ricos, avorazados en la acumulación de riqueza y de poder, que ayudan a explicar el por qué el financiamiento de campañas en el medio es el nuevo deporte de élite, y la escalada a la “cúspide del éxito†que en estos lares se alcanza gracias a opacas conexiones.