La lucha por el chance de Superintendente de Bancos tiene en los primeros lugares de la puja a dos miembros de la Junta Monetaria, uno de ellos un político nato, incluso diputado al Congreso. Ni modo, con esa endogamia, ¿Quién de afuera querrá concursar en base a méritos?
Pero eso no sucede sólo en ese cuerpo autónomo, pues la lucha por el control de las finanzas públicas tiene enfrentados a dos pesos completos del Gabinete Económico guatemalteco.
Pero no sólo allí se cuecen habas, en fecha reciente la Contralora General reprendió a la mayoría de alcaldes jutiapanecos por el uso indebido de los fondos provenientes del aporte constitucional. Ellos creían, por tradición, que el situado era una dádiva sin condiciones, simplemente porque “así han hecho las cosas sus predecesores”.
En tiempos de Álvaro Colom se produjo una crisis severa de gobernabilidad en Puerto Quetzal y el mandatario, ni lerdo ni perezoso, intervino la entidad, y nombró a su más alto guardia pretoriano para cuidar seguramente negociazos como el Patio Fénix y otros usufructos, en donde vienen y van mercancías sin mayor control ni regulaciones.
Y no digamos lo que ahora sucede en la tricentenaria: la sempiterna lucha por el control del Consejo Superior y las facultades tiene cerrada y tomada la casa de estudios, a la que le han sido encomendados 1,300 millones de quetzales este año para formar el masivo capital humano que requiere la actual “Sociedad del Conocimiento”.
Y así podríamos continuar con el ente que se ocupa del catastro, o bien del registro civil nacional, o del Puerto Santo Tomás de Castilla; y no digamos con Fegua, el INDE o lo que queda de Guatel; amén de los fondos sociales como el tan oculto Fonades o el Fondo de Solidaridad que maneja y reparte importantes proyectos de infraestructura. Y eso que no hemos mencionado al flamante Comité Olímpico ni la compleja y llena de intereses “Asamblea Nacional del Deporte” que domina la Confederación Deportiva.
¿Qué es lo que pasa entonces? Creo yo, que las palabras que mejor describen lo que pasa son: “endogamia” y “autarquía”. Ellos y ellas, los que gobiernan momentáneamente a esos entes, junto con los sindicatos que pululan en los mismos, y por supuesto los principales proveedores y contratistas, consideran que la institución es su “vaca lechera”; es decir su “coto de caza particular”.
Han olvidado a todas luces, que todos esos entes son parte del patrimonio del Estado, y es por ello que sabiamente, si en el medio se tuviera un verdadero Servicio Civil, se observaría que todos ellos dependen de ministerios, o bien de autoridades mayores, que tienen la harta responsabilidad de configurar una serie de políticas coordinadas de Estado.
Las autonomías, que empezaron en la primavera democrática y proliferaron de nuevo en las dictaduras militares, fueron una salida lógica del diseño administrativo para desconcentrar, especializar y profesionalizar responsabilidades sectoriales como el seguro social, la infraestructura, el municipalismo, el deporte y otras no menos importantes.
Hoy, como se ha dicho, son verdaderos cotos de caza, en donde impera la impunidad y no se respeta ningún orden, y su ambiente de legalismos, les hace creer a quienes medran de la institución, que no tienen ni por asomo responsabilidad alguna con la hacienda pública y mucho menos con la sociedad a la que sirven.