Malestar ha causado, entre varios funcionarios, el que se publique que han sido formalmente denunciados por responsabilidad en el desvío millonario de los fondos del Congreso de la República y sostienen que se trata de una maniobra política en su contra para encubrir a los verdaderos responsables. Concretamente hablamos de los diputados que han sido acusados formalmente por el abogado Víctor Molina Franco y la licenciada Antonieta de Bonilla, acusada por el también litigante Hiram Sosa, abogado de un llamado Frente por la Dignidad Nacional.
El hecho cierto es que las acciones penales en su contra existen y en el marco de la presunción de inocencia, compete a sus acusadores sustentar los cargos y a ellos ejercitar acciones penales en contra de los profesionales que han hecho la acusación, pues si la misma resulta falsa estaría tipificándose en un caso de calumnia.
Desafortunadamente la ineficiencia de nuestro sistema de justicia sirve tanto para encubrir a los culpables como para impedir que los inocentes puedan realmente limpiar su nombre cuando sufren algún tipo de acusación. Es parte de esa desgracia del ordenamiento judicial de Guatemala porque resulta que ante la forma en que los tribunales apañan a los responsables de delitos graves, cuando alguien inocente logra desvirtuar señalamientos en su contra, la opinión pública lo termina equiparando con los que lograron evadir la acción legal.
Todos los ciudadanos tenemos el derecho de petición y en tal sentido podemos pedir que se investiguen aquellos hechos que lastiman a la ciudadanía por el despilfarro de los fondos públicos y porque Guatemala es un país en el que nadie termina nunca siendo responsable de nada. Tenemos el caso del Banco del Café, en el que el país perdió cientos de millones de quetzales y que al final de cuentas se termina saldando con una modesta fianza de medio millón que es el preludio de la sentencia absolutoria o, en el peor de los casos, de la benigna resolución condenatoria.
Por ello debemos entender la importancia de rescatar el sistema de justicia porque así como no condena a los culpables, resulta que en la práctica no exime a los inocentes, por lo menos en el tema de la vindicta pública. Obviamente puede haber grupos interesados políticamente en atacar a determinados funcionarios, pero para corregir esas situaciones está normado el antejuicio. El desprestigio de esa instancia es parte del deterioro institucional del país que al final de cuentas nos afecta a todos los ciudadanos porque resulta que hasta los inocentes sufren por la crisis de la justicia penal en el país.