No creemos en el autoritarismo ni en la represión contra los sectores sociales, pero sí en el estado de Derecho y el respeto a la legalidad. Lo ocurrido en Izabal con un contingente policial que cumplió con la orden de detención de Ramiro Choc, dirigente de organizaciones campesinas, es alarmante porque complica más la crisis existente en cuanto a la gobernabilidad del país, toda vez que si los agentes del orden no pueden ejecutar una orden judicial de captura o se ven expuestos a acciones de fuerza de la población, la situación que ya es crítica se hará todavía peor.
Cierto es que no tenemos un sistema de justicia digno de tal nombre y que mientras las órdenes de captura contra dirigentes campesinos se cumplen rápidamente, las que se giran contra los banqueros que se apropian de millones de quetzales nunca se cumplen. Cierto es que la justicia tiene distintos raseros y que no es lo mismo el proceso que se inicia contra un dirigente popular que el que se inicia contra los delincuentes de cuello blanco que se pavonean por todos lados como si tal cosa. Pero aun con esas deficiencias terribles, que deben ser señaladas porque de lo contrario pecaríamos de parciales a la hora de juzgar nuestra realidad, hay que decir que la población no puede actuar de esa forma frente a las fuerzas de seguridad que ejecutan las órdenes de captura.
La solidaridad de quienes se sienten beneficiados por las acciones de dirigentes populares que son acusados, con o sin razón, por la comisión de delitos, es buena y debe patentizarse, pero dentro de los cánones de respeto a la ley. No nos atrevemos a opinar sobre las acusaciones formuladas en contra de Ramiro Choc y esperamos que en los tribunales pueda esclarecerse su responsabilidad o la falta de ella, respecto a los hechos que se le imputan. Cierto es que la balanza de nuestra justicia tiene tara y que se inclina por lo general para un lado que todos conocemos, pero existen mecanismos de defensa para que una persona inocente, sobre todo si tiene respaldos suficientes, pueda probarlo.
El problema para la policía, como lo vemos nosotros, se plantea en el hecho de que idéntico valor tiene la orden de captura girada en contra del señor Ibarra, por ejemplo, socio del Banco de Comercio, que la girada contra el señor Choc. Pero llama la atención que la primera no se ejecute, por las razones que puedan esgrimirse, mientras que la segunda se ejecuta de manera expedita y con despliegue de fuerza. Por ello pensamos que la autoridad de la Policía tiene que rescatarse con base en hechos concretos, en demostraciones de que no está pintada ni, mucho menos, al servicio de ciertos intereses y que actúa sólo cuando esos intereses se lo dictan.
Porque la autoridad no es un bien eterno, sino que se trata de un valor que hay que mantener a punta de responsabilidad en su ejercicio. Jamás vamos a avalar acciones como las realizadas por los pobladores de Izabal que en respaldo al dirigente Ramiro Choc retuvieron a los agentes literalmente secuestrados en un acto de ilegalidad que pudo terminar en tragedia. Pero insistimos en que la PNC tiene que ganarse a pulso el respeto de la población y que eso es muy difícil cuando uno ve las diferencias que tiene para tratar situaciones que tienen exactamente el mismo tinte. Una orden de captura es tan valiosa como la otra y no debiera haber distinciones en cuanto a la supuesta y mal entendida alcurnia de los sindicados que, por lo visto en nuestro país, constituye una especie de coraza para que los sinvergí¼enzas no tengan que preocuparse de nada porque gozan de todas las protecciones habidas y por haber.