Miguel íngel Reyes Illescas
www.miguelangelreyesillescas.blogspot.com
Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)
El clima de opinión ha tendido a cambiar drásticamente en el último mes. Han terminado las discusiones y expectativas sobre la naturaleza y alcances del gobierno de Colom, analistas comienzan a formularse preguntas radicales. ¿Podrá el Presidente sobrevivir a esta crisis que amenaza ser lenta y prolongada y de profundos impactos estratégicos? ¿Quiénes se están beneficiando ya de ella y cómo?
La opinión que se generaliza es que el Gobierno no tiene las capacidades, las propuestas y las decisiones para enfrentarla, menos aún, para convertirla en una oportunidad para introducir reformas a fondo. La manera de abordar el conflicto del transporte sirve de ejemplo. Da la impresión de un país a la deriva, propia de otros momentos similares en el pasado cercano. Lo más dramático es que similar impresión produce las propuestas anticrisis y las actitudes del empresariado. Mientras tanto, se espera que las protestas sociales aumenten y que los conflictos latentes salgan a la superficie.
Al perfilarse un escenario con varios tableros de enfrentamientos, en cuya superficie se tambalea una dirección estatal frágil y ambigua, sin capacidad de establecer los marcos de la conducción, el principal problema ya no será sólo el de la inseguridad y del alto costo de la vida, sino el de la extensión del empobrecimiento y de la descomposición social en general.
El programa estrella
El programa menos criticado y saludado con algún beneplácito, es el de las transferencias condicionadas, Mi Familia Progresa, del cual ya se ha dicho y mostrado que no sólo es muy modesto en su alcance y en sus montos respecto de otros similares en Centroamérica y América Latina, sino que, su éxito depende de capacidades instaladas; tales como la existencia en el lugar de las transferencias, de servicios de educación y salud, y sobre todo, de una eficaz administración pública. Capacidades inexistentes en el país.
Programas de esa naturaleza son loables aquí y en todas partes, pero en México donde ha durado décadas y cambios de nombre no ha dado respuestas definitivas, particularmente ha mostrado sus vulnerabilidades en las crisis económicas y ha retornado entonces el crecimiento de la pobreza (Székely 2005).
De otras experiencias latinoamericanas se sabe que estos programas pueden tener efectos en el corto plazo, sobre todo propagandísticos, pero al margen de políticas integrales que garanticen la salida autosostenida de las condiciones que producen la indigencia, han generado la prolongación del subsidio y el control clientelar.
Fuera de asumir definiciones no estructurales de la pobreza y de la extrema pobreza y, no tomar en cuenta aspectos vitales como empleo, acceso a servicios, propiedad de medios de producción, como la tierra, el programa en Guatemala descuida la pobreza urbana, ésta va en crecimiento y tiene otras desventajas, como la delincuencia, el hacinamiento y la falta de empleo. Olvidó también el empobrecimiento que se avecina de múltiples capas sociales urbanas y rurales que sobreviven al margen de una vida digna, tales como trabajadores y empleados de servicios, clases medias bajas e incluso capas de las clases medias un poco mejor situadas.
Es aún un proyecto piloto, pero en conjunto es un programa muy limitado y no hay una decisión ni una propuesta explícita para aumentar sustantivamente el gasto social para insuflarle vigor, tímidamente se ha sugerido que con el próximo presupuesto y la reforma fiscal se estaría en mejores condiciones para atenderlo.
Pero paradójicamente, la modesta reforma fiscal, puede convertirse en el catalizador para abrir y establecer con mayor claridad los campos del conflicto. Esta vez frente a un gobierno con más debilidades y tensiones internas que los gobiernos de Cerezo y de Portillo y más atrás, del gobierno de Méndez Montenegro.
Incluso, si se aprobara la reforma fiscal, los ingresos no serían suficientes ni aun para cubrir el agujero que dejara Berger con la terminación del IETAP, la reducción de los ingresos arancelarios por la vigencia del DR-CAFTA y la deuda flotante de su Ministerio de Comunicaciones.
De no modificarse sustantivamente la relación de fuerzas entre gobierno y grupos económicamente poderosos, la modesta reforma fiscal no pasará. Mi Familia Progresa y otros programas serán intrascendentes en el contexto de una crisis alimentaria que puede ser de larga duración y se continuará con el oprobioso y creciente endeudamiento público interno (o externo) en beneficio de los banqueros.