Los violentos sucesos del pasado 4 de octubre en el occidente de Guatemala, con la ejecución extrajudicial de seis campesinos de Totonicapán y lesiones a otros 35 hechos atribuidos a miembros del Ejército, han actualizado el debate sobre la criminalización de la protesta social. Los campesinos participaban en una manifestación de protesta contra diferentes medidas del gobierno.

A ese respecto, es muy interesante el contenido de la edición No. 16 de la Revista Análisis de la Realidad Nacional de la Universidad de San Carlos, Usac, correspondiente al período del 16 al 31 de octubre en curso.  Su editorial lleva por título: La fractura expuesta en Totonicapán, señalando que la matanza de esos pobladores ha desatado una agria polémica política, pero que también es profundamente social.

Añade que “esa discusión tiene dos puntos inmediatos de referencia, que son, por un lado, el derecho de manifestación y protesta versus el derecho de locomoción y, por otro lado, el uso de tropas militares en la contención y disolución de manifestaciones populares”.

Precisamente en esa edición, la revista de la Usac publica un análisis del destacado jurista Antonio Monzón, otrora Magistrado de la Corte de Constitucionalidad, quien, según el editorial, demuestra que en la prevalencia de derechos, de acuerdo a la Constitución y a las Convenciones Internacionales de las cuales Guatemala es parte, es primero el derecho de manifestación y protesta. Subraya que éste solo está limitado por la alteración del orden público, y para que se considere tal, el Estado debe explícitamente declararlo, y este no fue el caso de la manifestación de los pobladores de Totonicapán.

El Ministro de Gobernación, Teniente Coronel Mauricio López Bonilla, haría bien en leer y estudiar este importante documento, para que ya no siga incurriendo en tantos errores al frente de esa dependencia del gobierno.

También es oportuno que lo lean y se empapen del mismo, los principales dirigentes de la cúpula empresarial como el señor Andrés Castillo, Presidente del CACIF, la central patronal de Guatemala, y don Jorge Briz Abularach, Presidente de la Cámara de Comercio, quienes abiertamente se oponen al derecho de manifestación y protesta de los sectores populares.

Según el editorial de la Revista de la Universidad de San Carlos, el exmagistrado Monzón argumenta que con el empleo de tropa militar, aunque fuera de apoyo a la policía, en la disolución de la protesta, o sea, en el intento de hacer prevalecer el derecho de locomoción, se ha conformado un cuadro típico de “criminalización” de la protesta social, lo cual va en contra de las garantías constitucionales y democráticas modernas.