Creo que es importante el derecho de los guatemaltecos a la libre locomoción y que las tomas y bloqueos de carreteras provocan enormes pérdidas para el país, pero entiendo que ese recurso se convierte en la única opción que tienen algunos sectores sociales para hacerse escuchar porque no existe un mecanismo de diálogo efectivo que permita resolver los conflictos de manera ordenada y civilizada.

Actualmente uno de los puntos más conflictivos y que generan ese tipo de medidas de hecho son las expresiones de descontento de varias comunidades por la actividad minera y por la construcción de hidroeléctricas en las que no se toma en cuenta el parecer, mucho menos el interés de las comunidades directamente afectadas. Y no deja de ser una gran paradoja que mientras se tramitan licencias con tráfico de influencias y sin el menor respeto a las leyes, al punto de que muchos de los estudios de impacto ambiental han sido forzados para obviar verdaderos daños que se causan a las comunidades, se proponga ahora que la fuerza pública actúe cada vez que los ciudadanos protestan de la única manera que tienen para ser escuchados.
 
 En otras palabras, muy puntillosos para exigir que se cumpla la ley despejando la vía pública, pero totalmente turbios en los procesos que se siguen para lograr las licencias para explorar, explotar y operar minas, campos petroleros e hidroeléctricas. No se puede pasar por alto la forma en que en el gobierno de Colom se negoció y arregló el asunto de Perenco, puesto que es una muestra de que las leyes en el país están hechas para que con suficientes influencias cualquiera se pueda pasar por el arco del triunfo la normativa nacional.
 
 Si tuviéramos un puntilloso respeto por el diálogo con las comunidades y estas recibieran información objetiva de los proyectos, podrían realizarse las consultas populares que establecen convenios internacionales como una garantía para los pueblos indígenas. Por supuesto que como son convenios internacionales que tienen que ver con derechos humanos, son ley para la República de Guatemala, pero nuestras autoridades no los cumplen ni respetan de ninguna manera.
 
 Cerezo hablaba de las protestas como de “la música de la democracia” y la verdad es que en un país como el nuestro no se puede ignorar que la ausencia de mecanismos efectivos de representación y de diálogo hacen que si no es mediante medidas de hecho, la opinión y el sentir de importantes sectores de la población no se puede siquiera percibir. No creo que se trate de un capricho o de ánimo alborotador, sino de una sentida necesidad de colocar en la agenda nacional puntos de vista que son obviados por la prensa del país que no da cobertura adecuada a las expresiones de disidencia frente a un sistema que aplasta a las comunidades sin darles oportunidad de expresarse ni de defender sus legítimos derechos.
 
 La salida más fácil, por supuesto, es la de criminalizar cualquier expresión de protesta y esa tónica se ha impuesto desde hace ya algún tiempo, especialmente cuando se acusa de terroristas a quienes realizan manifestaciones públicas contra el gobierno o contra poderosos intereses privados. Pero eso no nos lleva a ningún lado, no nos sirve para construir la gobernabilidad, puesto que si bien se puede reprimir a los manifestantes y disolver a quienes toman carreteras o la vía pública, el problema no desaparece. Las causas de conflicto persisten sin atención y la represión lo único que hace es convertir al país en el caldo de cultivo de peores y más violentas expresiones.
 
 Tenemos que aprender de nuestra historia para darnos cuenta que reprimiendo no se obtuvo nunca la paz y la tranquilidad. Por el contrario, eso nos llevó a las confrontaciones más violentas de nuestra historia.