Desde hace muchos años, el pueblo de Guatemala desarrolla sus actividades dentro de un marco de incertidumbre política y social, que se ha agudizado por la crisis de gobernabilidad, la impunidad de las empresas mineras, los altos niveles de corrupción, así como por el creciente desempleo, además de la irrefrenable violencia. Sin duda, Guatemala se encuentra en una encrucijada.
Los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin a la guerra interna de más de treinta años, con un saldo de más de 200 mil muertos y desaparecidos, abrieron la esperanza a favor de la construcción de una sociedad más justa y democrática, pero todo quedó en el papel.
Desafortunadamente los guatemaltecos seguimos agobiados por la hegemonía de un pequeño, pero poderoso grupo de familias de la oligarquía, que controla el mayor porcentaje de la riqueza nacional. En nuestro país no existe una verdadera democracia, sino solo una “democracia electoral”, mediante la cual, los más ricos financian a los candidatos que luego van a proteger sus intereses a costa del hambre del pueblo
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La elección del gobierno que encabeza el presidente Otto Pérez Molina, no ha sido la excepción, quien a pesar de presentarse como “El General de la Paz” y prometer todo un programa de cambios, en los primeros nueve meses de su gestión ha defraudado al electorado.
Luego de la masacre de los campesinos de Totonicapán en la Cumbre de Alaska, la credibilidad de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo se encuentra por los suelos. Tanto el Presidente como sus Ministros mintieron ante la opinión pública al asegurar que las fuerzas de seguridad desplazadas al lugar no habían disparado a los campesinos. Las investigaciones del Ministerio Público demostraron lo contrario, y ahora nueve militares están consignados a los tribunales de justicia.
El gobierno está equivocado al creer que las demandas sociales se pueden frenar con garrotes y fusiles, en un momento en que los ojos del mundo están puestos sobre Guatemala para vigilar la plena vigencia de los derechos humanos.
Ojalá que la sangre de los campesinos abone el camino en pro de la búsqueda de soluciones por la vía civilizada. Ahora el reto del Presidente es sentarse a conversar respetuosamente con los normalistas, para analizar la mal llamada Reforma Educativa, que en el fondo no es sino una embestida neoliberal para privatizar la educación pública. Hasta hoy, las opiniones de los estudiantes no han sido atendidas. El gobierno debe parar la represión contra los sectores populares, pues ello es un retroceso al pasado sangriento de nuestro masacrado pueblo. Como dijo José Martí, “Las trincheras de ideas valen más que las trincheras de piedras”.