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Luis Fernández Molina, magistrado de la anterior integración de la CSJ y uno de los más abiertos a los medios informativos, concedió una entrevista a Diario La Hora, en la que conversa sobre las debilidades y fortalezas de la anterior gestión.

– ¿Cómo califica el trabajo de la CSJ durante el último perí­odo de cinco años, iniciando con los logros?

– Creo que el trabajo que ha hecho esta Corte es positivo, no por el hecho negativo que no haya tenido señalamientos de corrupción o de un abierto acomodo a intereses polí­ticos, que no los hubo; no voy a decir que es buena porque no haya cometido hechos negativos, sino porque tuvo la iniciativa de abrir más tribunales, apertura con todos los trabajadores, consolidar el proceso penal por audiencias e iniciarlo en el proceso civil; también se abrieron los juzgados de turno y se proyectaron en toda la nación. No hubo mayores quejas de jueces malos, prestó atención a muchas quejas y señalamientos de juzgados o titulares; o sea, estuvo cerca del público en ese sentido.

– ¿Y lo negativo?

– Lo malo de esta Corte fue el señalamiento negativo de que no se nombró presidente, y no se nombró presidente en dos ocasiones: en el tercero y quinto año. Esa es la gran nota negativa, pero sí­ fue una Corte que durante el tiempo que estuvo custodiando el tiempo y durante la administración de justicia lo hizo bien.

– Pero, las iniciativas que planteó, por ejemplo la que buscaba modificar la Ley de Amparos y Antejuicios, no tuvieron mucho eco en el Legislativo. ¿Qué opina al respecto?

– Lamento que no haya coordinación entre los diferentes organismos de Estado, porque nos vamos a los dos extremos: o se cree que es una abusiva intromisión de uno con otro, o el otro, que para ese prurito de independencia funcional de los poderes ni se tocan; entre esos dos extremos no se encuentra el punto medio que es una fluida comunicación que es en mejora del paí­s. ¿Por qué no hay comunicación más fluida en relación a la Ley de Amparos?, y ¿Por qué no lo recibió el Congreso?, pues es un tema muy delicado y si bien hay buenos juristas en el Congreso, no todos los señores diputados lo son y muchos dicen: «El amparo es garantí­a, humanitario y no se toca…», creo que no hubo comunicación fluida, hasta desconfianza.

– ¿Cuáles fueron los verdaderos intereses detrás del enfrentamiento entre dos grupos, y qué generó que no eligieran presidente?

– Era cuestión puramente de afinidades personales y cuestiones de grupo. En cualquier comunidad humana, y la CSJ es una más, si hay cinco plazas para trece personas, siempre habrá unos que voten por uno y otros por otro y eso va definiendo los perfiles de los grupos. Alguien dijo que era por partidos polí­ticos, no es cierto; aunque de vez en cuando hubo alguna recomendación de alguien relacionado con polí­tica, la hubo pero más a nivel de plática, no. La UNE no era una fuerza polí­tica cuando empezaron las divisiones, ni el PP como tal; no es reflejo de lucha de fuerzas polí­ticas, ni de una lí­nea administrativa definida, izquierda o derecha; no es cierto… Pero la Corte no administra justicia. La CSJ no tiene peso, lamento decirlo, porque nuestras resoluciones son todos apelables ante la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál es el poder de la CSJ?

– ¿Y qué le dirí­a a la gente, podrí­a creer que era por afinidad, pero que al final del dí­a la CSJ seguí­a acéfala?

– Sí­ fue un mensaje negativo, porque la justicia conlleva el mensaje de armoní­a, de resolución de conflictos, de arreglo entre las partes, y si nosotros que estábamos en la punta de la pirámide, a la vista de todos, enviábamos ese mensaje negativo, reflejábamos una luz muy oscura y muy opaca. Quizá el único interés en apoyar a algún magistrado de presidente es que este tiene facilidad de nombramientos administrativos.

– ¿Cómo funcionó la justicia en el interior del paí­s?

– Tenemos aproximadamente, de los 370 jueces de paz, a un 80 por ciento que está subocupado, no tienen nada que hacer; un 10 por ciento que está nivelado y otro 10 por ciento que está excesivamente sobrecargado. La propuesta era subir un poco el nivel de la competencia de paz, que conocieran de faltas y de cuestiones no mayores de cinco años, siempre con apelación y crear más juzgados de Paz donde haya más sobrecargo de trabajo.

– ¿Cuáles cree que fueron los avances concretos en tema de impunidad?

– Aquí­ regreso al punto, la CSJ no administra justicia. Es más importante la elección de magistrados de Sala que de la Corte Suprema, ¿por qué?, porque la justicia la administran los jueces y la revisan las Salas y ahí­ se termina la justicia; entonces, ¿qué hace la CSJ?, casaciones penales, civiles y amparos, son recursos y acciones extraordinarias; con el agravante que el 97 por ciento es apelado en la CC y en el 20 por ciento de los casos ésta revoca lo que nosotros digamos. La palabra última la tiene la CC, no nosotros; entonces la CSJ no administra justicia y ahí­ nos preguntamos, ¿qué hemos hecho contra la impunidad?, si se dan muchos problemas en el tema administrativo.

– ¿Cree que le habrí­a ayudado al Organismo Judicial que la sociedad civil fuera más vigilante de todo el poder judicial en su conjunto?

– Regresamos al mismo punto, que por un lado no sean metiches, pero que por el otro que tampoco sean apáticos; ahora, respetando la función de un juez, aplaudo el despertar de la sociedad civil, no porque tomen un papel protagónico, sino porque ellos representan a la sociedad a la que le servimos, al consumidor, y tienen derecho a exigir que la calidad del servicio sea buena; y para mi ya empezó, se dio el primer paso para seguir. A los magistrados de Sala: señores, los están observando, nadie los está condicionando pero sí­ los están observando, que sus sentencias no sean machoteras y que las sentencias sean acordes a la investidura que ustedes tienen.

– ¿Qué opinión le merece el papel de la CICIG desde que se instaló en Guatemala?

– La CICIG ya está instalada en el andamiaje legal, ya no se cuestionó eso, punto. Alguien dijo: «Tenemos que resolver nuestros problemas», y yo digo: ¿Qué pasa si no podemos solos?, si no podemos resolver nuestros problemas, vamos a llegar a un punto en el que vamos a resolver nuestros problemas pero ¿con cuánta sangre, o con cuánto dolor?, veamos el aspecto favorable que puede tener esa ayuda. En ese sentido creo que de algún modo ha sacudido la acusación y la investigación en el paí­s, porque el gran problema con la impunidad aquí­ es la acusación, y no estoy tirándole la chibolita a otros…

– CICIG ha venido a apoyar en la investigación, ¿cree que sin esa herramienta podrí­amos seguir caminando para combatir la impunidad y qué pasará cuando no esté?

Creo que lo que más se está dando el ejemplo de que se puede consolidar una acusación con mucho fundamento para no darle escapatoria a un juez o un tribunal y que sí­ es necesario una labor de investigación más profunda. Yo estoy claro que algún dí­a se tiene que ir CICIG.

– ¿Qué va a pasar cuando se vaya?

– Podemos hablar de las maravillas de las instituciones, pero estas son inmateriales y se encarnan en personas y si estas personas van a ser objeto de amenaza eso va a ser problema. El doctor Carlos Castresana está aquí­ con mucha seguridad, se irá a España en su momento y esa amenaza de su cí­rculo personal se desvanece, a un guatemalteco le serí­a muy difí­cil.

– ¿Cree que hay poderes ocultos que influyen en las instituciones públicas?

– Como que hubiera una estructura bien organizada no lo creo. Si hay intereses particulares: si yo tengo mi negocio de algo, trato de proteger y mantener cierta influencia a nivel legislativo y judicial; si hay intereses pero son particulares, no comparto la idea de ese Leviatán, de ese monstruo que vive a la sombra de los poderes reales, no lo creo.

– ¿Y no cree que al sumar todos esos intereses e ir creando el andamiaje para proteger las causas particulares, podrí­amos llegar a creer que sí­ hay injerencia que favorece a quienes tienen poder y actúan de forma organizada?

– No hay un concierto, pero el conjunto, como un mosaico de los diferentes intereses, de alguna forma debilita las estructuras institucionales, cada quien presionando, si creo que debilita y hay una especie de mano invisible que de alguna forma debilita la estructura institucional de los órganos creados oficialmente. Tanto esta estructura paralela o la legí­tima está integrada por personas; el mayor problema de Latinoamérica no es la corrupción, que sí­ la hay, sino el amiguismo, el clientelismo.

– Quedaron varios antejuicios pendientes de resolver, ¿por qué no se agilizaron los procesos?

– Lo que más me molesta de los antejuicios fue que no hubo voluntad polí­tica para aprobar la reforma de Ley en materia de Antejuicio; y esa es una asignatura que va a estar sobre la mesa, quizá la prueba de fuego para la nueva Corte, que los antejuicios ahí­ están, los informes de los jueces pesquisidores ahí­ están. Desde el punto de vista de los antejuicios ellos (los magistrados) vienen inmaculados, entonces deben resolverlos en poco tiempo y no esperar a que los recusen. Esa es una prueba de fuego, que me perdonen, pero ellos pidieron venir a la Suprema que demuestren que tienen esa capacidad.

– En Guatemala no tenemos el sentimiento de que, quien la hace la paga, ¿cómo podemos cambiar eso?

– Hay diferentes grupos de presión, y estos son algunos bufetes y abogados, que conocen a algunos jueces con jugosos honorarios. Espero que eso ya no sea así­ en la medida que haya más publicidad y con ello el actuar de cada juez. Creo que si conocemos dónde está el mal y de que el que la hace la paga, pero también nos adaptamos a la idea de que el que tiene cierto poder puede evadir algún tipo de Ley, cuando hablamos del hombre superior, todos nos creemos ese hombre superior porque tenemos más dinero o fama… pero el principio de quien hace, tiene que pagarla, sí­ se ha desmoronado.