Al momento que escribo esta nota se han consumado, en el paí­s, dos hechos trascendentales e importantes para la vigencia, el respeto, la observancia de los derechos humanos y la lucha en contra de la impunidad. Ambos hechos, sucedidos hace menos de 24 horas, ocuparon titulares de prensa y focalizaron la atención mundial sobre Guatemala.

El primer hecho relevante, que saludo con beneplácito, es la decisión acordada por el Congreso Nacional con el voto favorable de 137 diputados, de ratificar el Estatuto de Roma, que es el instrumento internacional que el 1 de julio  2002 dio vida a la Corte Penal Internacional CPI. Esta tardí­a decisión estuvo congelada y engavetada por los diputados desde el 2006 y es hasta ahora, con la nueva legislatura controlada por el partido oficial, que en consonancia con el anuncio hecho por el gobernante Pérez el dí­a que asumió la Presidencia de la República; los diputados hacen realidad la voluntad polí­tica expresada por el gobernante. Este acuerdo quedará firme hasta que por la ví­a diplomática, Guatemala deposite su ratificación ante los órganos competentes de las Naciones Unidas y de la CPI.

Como lo comenté en mi artí­culo anterior publicado el viernes 20 de enero, la Corte fue creada para juzgar a individuos sindicados de cometer abusos y violaciones graves de los derechos humanos. De conformidad con el artí­culo 5 de ese estatuto, entre los crí­menes que son competencia de la Corte están los siguientes: genocidio, crí­menes de lesa humanidad, crí­menes de guerra y de agresión. Esta decisión de las altas autoridades del paí­s, compromete a Guatemala a favor de la justicia internacional y del respeto a los derechos humanos, lo cual valoro en toda su dimensión, porque significa un importante paso para poner fin a la impunidad, un flagelo social que impide la vigencia del Estado de Derecho y que tanto daño le ha provocado a la aplicación de la justicia pronta y cumplida. Someterse a la competencia de la CPI es mostrar voluntad polí­tica para prevenir y evitar los crí­menes arriba citados, así­ como una advertencia para todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De ahora en adelante cualquier funcionario que cometa ese tipo de crí­menes, podrá ser juzgado por la CPI.

El segundo hecho inédito e histórico, es la comparecencia del general retirado Efraí­n Rí­os Montt a los tribunales de justicia guatemaltecos, para responder por acusaciones de genocidio y deberes contra la humanidad, presuntos crí­menes  cometidos durante el tiempo que ocupó el cargo espurio de Jefe de Estado entre 1982 y 1983. La audiencia en el Juzgado Primero de Mayor Riesgo se prolongó por más de doce horas, al final la jueza Carol Patricia Flores que conoce el caso, decidió ligarlo a proceso, dictó orden de arresto domiciliario y le fijó una caución económica de Q500,000.00. En esta primera indagatoria el ex general Rí­os Montt se negó a declarar, no obstante esa negativa, el abogado Danilo Rodrí­guez actuando como defensor, argumentó a favor de su patrocinado en un intento por evitar lo inevitable; el ex general quedó ligado a proceso penal y podrí­a ser sometido a juicio por crí­menes de lesa humanidad. Ya lo dije antes, el paí­s está empezando a romper el muro de la impunidad, la justicia nacional está caminando en la dirección correcta, despacio pero avanzando. Otro triunfo para los derechos humanos y un resultado por la perseverancia de los defensores de estos derechos y de familiares de ví­ctimas.