Después de tantos años de espera, finalmente Guatemala alcanza el nivel internacional en cuanto a la ratificación de este importante instrumento de orden jurídico mundial, y que permite que aquellos que detenten el poder de un Estado, no acudan a medidas contrarias al orden legal, a los derechos humanos o a la propia democracia.

Sin lugar a dudas la estrategia del nuevo gobierno toma fuerza con este elemento, pues en un principio se ha dicho que algunos países ven de reojo a Guatemala al haber electo a un militar retirado como Presidente de la República, encima de ello, alguien quien estuvo de alta en lugares y momentos fuertes del conflicto armado interno.  Por ello, para Guatemala y para el presidente Pérez Molina esta aprobación por un Legislativo cuyo control político es favorable a su gobierno, es una muestra muy representativa de su respeto al orden legal y a los derechos humanos.  Similar prueba, aunque en otro tono estará sucediendo con el caso Ríos Montt, pero del mismo escribiré en otra oportunidad.

El Estatuto de Roma o Convenio Internacional que crea la Corte Penal Internacional es un tratado que fue construido con el propósito, por primera vez, de que institucionalmente los países del mundo pudieran juzgar a personas y no a Estados (La Corte Internacional de Justicia ya cumple ese cometido, para quienes han aceptado su competencia).  Y es que los antecedentes que se conocían de casos similares habían obligado al sistema de Naciones Unidas a constituir tribunales especiales, extraordinarios y casuísticos, por los problemas de Ruanda y los conflictos entre Serbia y Bosnia, teniendo por supuesto el gran antecedente del exterminio judío de la Segunda Guerra Mundial.    La Corte Penal Internacional entonces, es un alto tribunal internacional el cual tiene un mandato muy claro y favorable hacia el respeto a los derechos humanos colectivos y aberrantes, como lo es el genocidio.  Deberá, ante denuncias de los más graves delitos y violaciones colectivas de los derechos humanos, conducir una investigación criminal, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y alcanzando a toda costa, que la población de cualquier Estado no sufra en el presente o futuro, una condición de vulnerabilidad.  Este tribunal entonces, se convierte en indispensable universalmente, especialmente cuando terribles mandatarios,  han convertido a algunos países en cementerios o bien en territorios llenos de miedo, creando zozobra entre los habitantes.  Guatemala entonces, da un gran paso al aprobar finalmente dicho tratado y ratificar su adhesión al mismo.

Pero regresando al foro nacional, para el Estado en sí de Guatemala, también se convierte en una herramienta y estrategia de cabildeo internacional, creando un discurso traducido en acción que favorece la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos.  También es un logro importante para los grupos de la sociedad civil dedicados al activismo de los derechos humanos y sociales, que inclusive formaron una coalición para aprobar el tratado, y quienes en el pasado invitaron a importantes funcionarios internacionales para visitar Guatemala y explicar el contenido del Tratado, y enunciar que no había nada más que aspectos positivos para el país, si se aprobaba.  Conversando con algunos de estos activistas, aún desconocen las razones por las que distintos Congresos de la República no quisieron aprobarlo, o bien otros Presidentes no lo impulsaron, inclusive aquellos que jactaban su discurso en la socialdemocracia. 

Felicitaciones, pues, al Congreso de la República, que empieza a dar signos positivos de accionar, al aprobar normas legales importantes para el país, entre ellas la ratificación del Estatuto de Roma, y para el Presidente de la República y sus aliados, constituye un voto de confianza al interno del país, y principalmente hacia el exterior del mismo, en donde el nuevo Canciller deberá aprovechar al máximo esta etapa inicial, la cual sin lugar a dudas creará beneficio formal y directo para Guatemala en sus relaciones internacionales.