Es indiscutible que en medio de las deficiencias que puedan existir en otras instancias de la administración de justicia, la integración de las cortes de apelaciones y especialmente de la Corte Suprema de Justicia es una pieza fundamental para avanzar en el combate a la impunidad porque por mucho que se pueda lograr en mejoras a la investigación del crimen mediante implementación de técnicas modernas y mayor honestidad en la Fiscalía, si los juzgadores no hacen una adecuada valoración de la prueba, todo lo demás sale sobrando.
Cabalmente quienes diseñaron el sistema de impunidad en el país, en el marco de la estrategia contrainsurgente que aseguraba inmunidad para los agentes del Estado que libraban la guerra contra los grupos guerrilleros, entendieron a cabalidad esos extremos y de esa cuenta se dieron a la tarea de cooptar el Ministerio Público, pero también de mantener bajo control el aparato de la administración de justicia. La reforma constitucional que se hizo en tiempos de Ramiro de León Carpio no fue ajena a esa estrategia y por lo tanto la forma en que se consignó la designación de magistrados estaba en el contexto de las «necesidades» de tal inmunidad que en el fondo era la más absoluta impunidad.
Nineth Montenegro hizo eco de las voces que clamaban por una regulación que hiciera posible la transparencia en el trabajo de las comisiones de postulación y aun a sabiendas de que era una lucha contra la corriente, la emprendió promoviendo un paquete de normas que tenían la finalidad de mejorar (no se pueden evitar todas las maniobras) el proceso de postulación. Sin embargo, esa propuesta y, de hecho, la elección de la nueva Corte Suprema y de las Salas de Apelaciones, coincide con el riesgo que corren influyentes personajes ante las labores que realiza la CICIG y por lo tanto era imposible que prosperara una idea como la de la diputada Montenegro.
Cabalmente las bancadas que se encuentran aglutinadas en el frente que dirige el ex presidentes Portillo son las que sellaron la sepultura de la iniciativa para regular las comisiones de postulación, lo que evidencia cuál es la intención y el sentido de mantener las cosas como están. Obviamente a los intereses de Portillo se suman los particulares del líder del FRG para proteger a su hijo y también los de aquellos partidos que hicieron ya gobierno y que no quieren que les encuentren la cola machucada.
Estamos frente a un retroceso, indudablemente, pero la lucha contra la impunidad nadie la pudo ver como pan comido. Será larga y costosa, pero no se vale bajar la guardia ni tirar la toalla.