En el mes de diciembre se celebran a nivel internacional los dí­as en Contra de la Corrupción y también la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambas fechas son promovidas por la ONU en un intento de hacer relevante los necesarios temas de consternación en todo el mundo, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en los Estados.

Y aunque las fechas se celebran por separado –el 9 el de la Lucha contra la Corrupción y el 10 el de los Derechos Humanos– ambas fechas tienen un ví­nculo muy fuerte y relacionado a los efectos que conlleva, pues definitivamente los actos de corrupción dentro de un Estado, facilitan la violación de los derechos humanos de la población. Desde hace mucho tiempo, el respeto a los derechos humanos ha sido denominado como el elemento esencial para garantizar el desarrollo de los pueblos, permitiendo que no sólo aquellos derechos que son de naturaleza pasiva (los derechos individuales), sino también aquellos que requieren una acción más activa por parte de las sociedades (derechos polí­ticos, económicos, sociales, culturales y los considerados especiales), sean considerados aspectos indispensables de alcanzar y con ello lograr la evolución de los seres humanos. Sin embargo, alcanzar ese desarrollo y esa evolución de un pueblo pobre y subdesarrollado, hacia un modelo de sociedad económicamente sostenible y desarrollada es un reto que no se ha podido obtener, y como resultado de ello, Guatemala sigue en la lista de paí­ses cuyos derechos humanos, especialmente los denominados DESC (Económicos, Sociales y Culturales) no se respetan, principalmente por las grandes carencias de la población en materia de educación, salud, nutrición, empleo, entre otros. Y por si fuera poco, los denominados derechos principales o derechos individuales tales como la vida, la igualdad y la integridad han sido puestos también en cuestionamiento sobre su protección, al descubrir que el Estado es incapaz de proteger a los ciudadanos y que por el contrario, pareciera haber sido copado por grupos clandestinos, mismos que siguen sin ser descubiertos por la CICIG ni por las autoridades principales encargadas de la investigación y el juzgamiento de la persecución penal.

Pero la corrupción, como flagelo mundial, ha sido declarada con justa razón como uno de los grandes padecimientos sociales de los Estados y cuyos efectos desencadenan en la imposibilidad de los paí­ses para lograr ese desarrollo que se ha mencionado, convirtiéndose entonces en la causa de violaciones de derechos humanos (por inacción) y una justificación para los gobernantes y polí­ticos de no lograr las metas necesarias. Entonces pareciera que el silogismo es muy claro, sin corrupción y con trabajo fuerte, las capacidades de los Estados se incrementan y la población percibe un mejor nivel de vida. Es justo decir entonces que el respeto a los derechos humanos es un obligado indicador para los Estados que mejoran en sus sistemas de transparencia y lucha contra la corrupción, pues con acciones éticas y correctamente ejecutadas, se generan mayores ingresos para fortalecer las capacidades de los sistemas de seguridad, justicia, salud, educación, trabajo, medio ambiente, etcétera.

Guatemala requiere de ambas acciones, que durante mucho tiempo se han señalado de forma separada, pero que hoy, más que nunca, se requieren acciones conjuntas con objetivos comunes, el combate a la corrupción, la ejecución transparente del gasto público y la efectividad de los gobernantes, y como sinónimo tendremos una mejor sociedad y el cumplimiento de los derechos humanos de la población. Serí­a muy interesante conocer los pronunciamientos del Procurador de los Derechos Humanos sobre este tema, si es que los ha realizado.