Hace muchos años se estableció una especie de alianza público-privada que, alrededor del tema del contrabando, generó una enorme red dedicada a la corrupción cuyos tentáculos se fueron extendiendo a prácticamente toda la administración pública. Eso ocurría en el marco del conflicto armado interno cuando el control de aduanas formaba parte de la estrategia contra insurgente del Estado y al amparo de ese desmedido poder se consolidaron poderosos cárteles que luego, al terminar el conflicto, pasaron a ser esos cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad que se siguen encargando de administrar la corrupción en gran escala y que al mismo tiempo se usan para realizar labores de la llamada limpieza social.
ocmarroq@lahora.com.gt
En buena medida, hasta para venderle al Estado o conseguir contratos había que transar con esos grupos que asumieron enorme poder dentro de las estructuras oficiales y que luego se convirtieron en un auténtico poder paralelo que compartió con un importante sector del empresariado, tradicional o emergente, la forma en que se repartían los negocios.
Por ello es que no se puede entender el mandato de la CICIG sin entrarle al tema de la corrupción, puesto que básicamente los poderes clandestinos no funcionan en términos de seguridad, sino en términos de lucro.
El mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se fundamenta en que deberá “investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiaciónâ€.
Cuando hablamos de fuentes de financiación hay que ponerle especial atención al tema de la corrupción en el Estado porque de una u otra manera es de allí de donde se nutren tales grupos. Es más, la razón esencial de su propia existencia es la corrupción porque se trata de grupos que se organizan para lucrar, para hacer dinero y que se mantienen precisamente por su capacidad para asegurar fuertes ganancias a sus miembros. Y esas ganancias no pueden venir sino de los vínculos que mantienen con funcionarios y con contratistas para hacer la amalgama que nos mantiene hundidos en la corrupción.
Son esos cuerpos los que tienen dirigentes que se encargan de ofrecer sus “buenos oficios†para comprar voluntades en todas las instancias públicas y por ello son tan activos para mantenerse incrustados en el aparato del Estado, financiando campañas políticas e influyendo en la designación de jueces y magistrados porque todo eso tiene un precio y les proporciona su mercadería, con la que hacen negocio, es decir, la voluntad de los funcionarios públicos de todo nivel.
Sin corrupción que les sirva de fuente de financiación no podrían existir los aparatos clandestinos que son el objetivo principal de la CICIG, puesto que éstos se nutren y subsisten gracias a la podredumbre que hay en el sistema. Una podredumbre que no es patrimonio exclusivo del sector público porque contra lo que se dice, muy frecuentemente, la corrupción es como el tango, y hacen falta dos para bailar. Sin contratistas corruptos, que igual pueden ser los responsables de una ONG o de empresas de reconocido prestigio que venden o construyen lo que el Estado necesita, no habría tanto trinquete. Esos son posibles porque la corrupción se ha vuelto un juego en el que todos participan ya que es la garantía de dinero fácil, dinero rápido y ganancias astronómicas. No se pueden amasar las fortunas que surgen en el país sin esquilmar al Estado, es decir robarle al pueblo. La única otra forma de enriquecerse rápidamente es el negocio del narco, más peligroso y por socialmente mal visto.
Por todo ello sostengo que la CICIG tiene obligación de escudriñar para atacar el tema de la corrupción.