La corrupción, la falta de certeza jurídica y la lentitud del Sistema Judicial son factores que, en términos generales, afectan negativamente al país y dañan su imagen para la inversión, aunque por otro lado existen quienes se aprovechan de esas mismas condiciones para sacar partido en sus negocios, en lo que se conoce como “inversión de mala calidad” y que implica que los sectores productivos también pueden ser parte y sacar ventaja del sistema corrupto en Guatemala.
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Comisionado de Gobierno dice que nunca ha visto un acto de corrupción
Incuantificables las pérdidas de recursos y oportunidades que este mal representa para el país
Desde afuera, la corrupción puede generar desconfianza para personas serias que les guste jugar bajo un juego de reglas claras y parejas, que quieran invertir en el país bajo el estricto cumplimiento de las leyes. Sin embargo, no todos los casos son iguales y no falta quien ve oportunidades y ventajas en ese gran problema que afecta profundamente a las instituciones. Todo depende del cristal con que se vea la situación.
De esa cuenta que algunos empresarios e inversionistas observan en la corrupción un aliciente para desarrollar negocios, porque es una garantía de que encontrarán cómplices para burlar o modificar las normas legales, hecho que en otros países y sistemas tales actos resultan complicados o imposibles.
Esta visión es compartida por conocedores de la economía y de la transparencia quienes consideran que, por las condiciones en que se encuentra Guatemala, el país resulta atractivo para la “inversión de mala calidad”, es decir, para los inversores que buscan oportunidades en países con problemas sociales.
En 2012 Guatemala presentó 69 puntos de 100 de percepción de corrupción y se ubicó en la posición 113 de 176 en el ranking internacional de corrupción, según Transparency International Organization (Organización Internacional de la Transparencia).
Estas cifras se ilustran con cuestionables contratos públicos defendidos por las altas autoridades de Gobierno, la escasa y superflua transparencia en las instituciones de gobierno, y la debilidad para investigar y castigar a los corruptos.
Esto no es agradable para un buen empresario, pero sí para los “malos inversionistas o piratas”, porque se les indica que existen facilidades para hacer negocios, incluso sobrevalorados, sin cumplir las normas, modificar leyes y comprar voluntades.
Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto de Estudio Fiscales (Icefi), dice que Guatemala no atrae la inversión de buena calidad, en cierta medida, por los problemas que afectan al sector justicia, la debilidad en el cumplimiento de las leyes y la corrupción en las instituciones.
Por otro lado, asegura que en Guatemala existe una “inversión de mala calidad” cimentada en la corrupción y el irrespeto a la ley, lo que se hace evidente con la transgresión de las normas ambientales, las cuestionables adjudicaciones de contratos al margen de los mecanismos de transparencia y publicidad, y la violación de los derechos de los trabajadores.
“De esas (empresas) vemos a cada momento en Guatemala”, apunta.
EL PROBLEMA
Guatemala es un país donde no existe certeza jurídica y “las reglas del juego” pueden cambiar en cualquier momento, ya sea por intereses particulares o por una mala administración en las instituciones.
Las leyes tributarias se modifican con cada cambio de legislatura, porque los diputados y tecnócratas encargados de planificarlas nunca aciertan a una estrategia fiscal efectiva, dado que muchos de ellos ni leen lo que aprueban, tal y como sucedió con la última reforma tributaria.
El ejemplo más claro fue el año pasado, cuando en el Congreso se concretó una actualización tributaria que actualmente ha sido cuestionada en cuanto a su forma y fondo, derivando en impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad contra el 34% del articulado de las leyes.
Por otro lado, los procesos judiciales caminan a paso lento y los índices de impunidad pueden alcanzar más del 90 por ciento de los casos.
Sin embargo, la corrupción es el problema más agudo, pues hasta hace unos meses se crearon las herramientas legales para combatirlo y todavía existen grandes retos para que se puedan investigar y procesar los casos que han permanecido ocultos durante décadas, porque el sistema ha favorecido la ocultación de datos y el entrampamiento de la fiscalización.
Hugo Maul Rivas, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, asegura que Guatemala no tiene un plan definido de desarrollo, porque no tiene certeza de “hacia dónde se va”, ya que en cada cambio de gobierno, además de tener serias debilidades en la definición del marco legal para la inversiones, también existen serios problemas para hacer cumplir las leyes.
El economista añade que la corrupción entre el sector público y la administración de justicia son elementos que influyen a que se dificulte invertir en Guatemala para quienes respetan las normas establecidas. Para un buen inversionista, esto es difícil de soportar, apunta el experto.
El diputado independiente José Alejandro Arévalo asegura que no se puede generalizar y afirmar que el mayor número de los empresarios que invierten en Guatemala se prestan a actos de corrupción, pero no descarta que existan “excepciones” en los que los empresarios utilizan sus influencias y se aprovechan de los múltiples males estructurales que enfrenta Guatemala para sacar partido en sus negocios.
El legislador considera que “los malos inversionistas” consiguen ventajas de las debilidades del sector justicia y del descontrol en el ámbito legal, y aunque considera que no son una mayoría, no se puede descartar su existencia.
Arévalo coincide con la diputada Nineth Montenegro, quien considera que “el Estado debe ser fuerte” para poder hacer cumplir la ley y exigir que los inversionistas se apeguen a las normas nacionales y se acoplen a los principios básicos de transparencia.
La diputada de Encuentro por Guatemala señala que en algunos casos, en el país se legisla de acuerdo a los intereses de grupos particulares y con esas mismas leyes se pretende beneficiar a futuros inversores oportunistas.
En cuanto a los problemas que pueden encontrar en Guatemala los buenos inversionistas, Montenegro coincide con Maul en que no existe un plan de desarrollo, pero destaca, además, que muchas de las empresas que invierten en Guatemala que no son capaces de generar incentivos a la población.
Montenegro atribuye esa situación a la falta de voluntad política, tanto de los gobernantes como de los empresarios, quienes a pesar de apegarse a las leyes, actúan amparados en las debilidades que presenta el Estado para beneficiarse particularmente.
La congresista añade que la laxitud de las leyes también parece atractiva para que algunas empresas inviertan en Guatemala sin complicaciones.
OPTIMISTA
Juan Carlos Paiz, coordinador de Competitividad e Inversión del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), es optimista y asegura que Guatemala atrae cada vez más inversión. De esa cuenta, afirma que este último año aumentó la inversión en el país y alcanzó mil 500 millones de quetzales
El coordinador de Pronacom niega que haya empresas se presten a actos de corrupción o anomalías en los procesos jurídicos de instalación de negocios, ya que no conoce un caso en particular y asegura que no puede ser posible ya que las empresas extranjeras tienen leyes drásticas que castigan actos de corrupción o que paguen a funcionarios públicos de otro país para que de una u otra manera beneficien a su empresa.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
La empresa Grup Maritim TCB S.L., de capital español, a través de su subsidiaria guatemalteca Terminal de Contendores Quetzal, S.A. (TCQ) construirá y operará una nueva terminal especializada en contenedores en un área del Puerto Quetzal. Según la presentación que TCB hizo a las autoridades guatemaltecas, la propuesta abarcará 34 hectáreas y se plantea que en tres fases se construirá y ampliará esta nueva terminal para contenedores. Según Gustavo Martínez, secretario General de la Presidencia de la República, no se emitió un acuerdo gubernativo con algún reglamento específico para hacer ninguna negociación de un terreno en usufructo de la Empresa Portuaria Quetzal. “La Portuaria siempre ha tenido la facultad de dar en usufructo los terrenos para el desarrollo del movimiento portuario”, ya sea de navieras y de usuarios. “Siempre ha sido así”, agregó, por lo que “siempre se ha podido dar en usufructo; lo que se hace es un trámite para analizar cada usufructo”, señaló. La bancada Lider denunció esta negociación, la cual no era conocida hasta que investigó y sacó a luz los cuestionamientos sobre la concesión del terreno.
LA RIVIERA
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió el pasado 17 de julio que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) “se ha atribuido facultades que no le corresponden, carece de seguridad y certeza jurídica, vulnera figuras del ámbito aduanero” al permitir que un depósito aduanero operara como tienda libre, en el caso de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación de Protección del Contribuyente (Asprodeco) contra las tiendas de La Riviera. Eugenio Fernández, presidente de Asprodeco, reveló en un reportaje de La Hora publicado el pasado 30 de abril que el exsuperintendente de Administración Tributaria, Rudy Villeda, permitió durante su gestión que la entidad Tiendas Libres de Guatemala, Sociedad Anónima, operara como un tienda libre de impuestos en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora bajo el nombre de La Riviera, una vez designada como un Depósito Aduanero Privado. Pasados más de diez meses de que trascendiera a luz pública el caso, la justicia aún no ha concluido las gestiones de esta causa.
CABILDEO CANADIENSE
La última semana de agosto de 2012, diputados de Canadá visitaron la Mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixhuatán, San Marcos. El itinerario del viaje incluía reuniones con autoridades de Gobierno y diputados de la Comisión de Energía y Minas. Aunque en esa ocasión el representante Edgar Cristiani mencionó que la visita de los canadienses no pretendía cabildear por una legislación a su favor, organizaciones de pueblos mayas del lugar denunciaron que los congresistas extranjeros vinieron invitados por personeros de Gold Corp., subsidiaria de Mina Marlin, lo que a su criterio despertaba serias dudas sobre si la visita buscaba un marco legal que beneficiara a la empresa. Justamente el 12 de octubre el Ministerio de Energía y Minas presentó una iniciativa para reformar 36 artículos de la Ley de Minería vigente, que data de 1997. Aunque la cartera defendió la propuesta, las organizaciones ambientalistas salieron al paso con críticas que argumentan que la legislación, aun siendo actualizada, seguiría beneficiando a las empresas extractoras.
Juan Carlos Paiz, coordinador de Competitividad e Inversión del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), es optimista y asegura que Guatemala atrae cada vez más inversión.