Una de las instituciones más importantes para la institucionalidad en el país tendría que ser la Contraloría General de Cuentas de la Nación, obligada por mandato constitucional a fiscalizar el manejo de los fondos públicos sin excepción alguna y por lo tanto pilar del combate a la corrupción. Sin embargo, es reconocido que la Contraloría no posee ni los recursos ni los instrumentos legales para cumplir con esas funciones y de esa cuenta es una entidad que hace esfuerzos dependiendo de la voluntad del Contralor de turno, pero muy limitados por las condiciones objetivas de su existencia actual.
Pensamos que no habría mejor gestión de un Contralor que la de aquel que se centre en elaborar la reingeniería de la institución para que pueda cumplir a cabalidad con sus fines constitucionales. Todo lo que haga un Contralor de Cuentas en las condiciones actuales es inútil, honestamente hablando, porque apenas se trata de parches, y todos sabemos que los reparos de los auditores se centran en los tesoreros municipales de recónditos lugares, mientras que los grandes negocios realizados por funcionarios de alto rango nunca son siquiera investigados.
Una administración en la Contraloría de Cuentas que no se centre en la propuesta de la reforma legal y administrativa de la institución es una soberana pérdida de tiempo porque debemos aceptar que estructuralmente no se dispone de lo necesario para lograr la eficiencia. El ideal en un país como el nuestro sería que el órgano de fiscalización y control fuera una especie de cuarto poder que por jerarquía y mandato legal pueda y deba contarle las costillas eficientemente a todos los que tienen la responsabilidad de manejar fondos públicos y que ni un centavo de las partidas presupuestarias pueda ser gastado sin los efectivos controles.
El actual Contralor ha reconocido públicamente las limitaciones que tiene la institución a su cargo y ello debiera servirle de punto de partida para centrar todo su esfuerzo en superar esas limitaciones y que su gestión sea la que marque la diferencia en el más profundo sentido. En otras palabras, vale la pena invertir tiempo y recursos en el diseño de la reforma estructural de la institución para garantizar que pueda ser un instrumento efectivo para terminar con el derroche y mal manejo de los fondos. Y justo ahora, cuando se habla de la reforma tributaria, ideal sería que la misma fuera de la mano de la aprobación de los instrumentos para transparentar el gasto, eliminando el pretexto de siempre que justifica la evasión de responsabilidades fiscales por la permisividad que hay para la corrupción.