Ayer, luego de una declaración del Comisionado de la CICIG sobre las presiones que se ejercen contra la fiscal Claudia Paz y Paz y del expreso respaldo que le fue ofrecido a ella por el Embajador de los Estados Unidos, el presidente electo, Otto Pérez Molina, aseguró que la Fiscal General continuará en su puesto, poniendo fin así­ a una serie de especulaciones y también a una intensa campaña que se viene realizando para removerla del cargo por los procesos que se han iniciado por crí­menes cometidos durante el conflicto armado interno.

Creo que la decisión de Pérez Molina es acertada porque asegura la institucionalidad que se ha visto tan afectada cuando cada nuevo gobernante decide la destitución de funcionarios que fueron designados para un perí­odo determinado que no coincide con el del Ejecutivo, precisamente por la necesaria independencia que debe existir en ciertas funciones técnicas que deben estar alejadas de consideraciones polí­ticas.
 
  Personalmente creo que más importante que el tema de los juicios por los crí­menes de la guerra es que la Fiscalí­a demuestre su real independencia actuando con estricto apego a la Ley para evitar que influencias polí­ticas puedan extender el manto de la impunidad, y seriamente he cuestionado el comportamiento de los fiscales en el Caso de Gloria Torres, puesto que han limitado su investigación a delitos cometidos cuando no habí­an llegado al poder las hermanas Torres que fueron factor determinante en este perí­odo presidencial. Creo que hay razón para suspicacia cuando uno observa que ninguno de los actos realizados en este gobierno está siendo objeto de una investigación seria y eso sí­ que compromete la justicia en el paí­s.
 
  En el tema de los crí­menes de guerra, ya la Fiscalí­a decidió encomendar a un fiscal especial las acusaciones formuladas por los familiares de militares en contra de personas de izquierda, entre ellos familiares de la doctora Paz y Paz, lo que evidencia interés por someter todos los casos al imperio de la Ley. Entendiendo, desde luego, que hay algunos delitos que por su naturaleza no caen en los imprescriptibles crí­menes de lesa humanidad y por ello hay diferencias jurí­dicas que tienen que entenderse para no suponer la aplicación de diferentes raseros cuando lo que hay es la aplicación, especí­fica, de normas que tienen que ver con los términos de la prescripción.
 
  El Ministerio Público tiene que ser una institución fortalecida en el desempeño de sus funciones para que pueda buscar el imperio total de la Ley, sin consideraciones especiales para nadie, pero tampoco con dedicatorias para buscar castigo únicamente en contra de determinadas personas, como pueden ser los casos de venganza que nada tienen que ver con justicia. Y para demostrar esa ausencia de posibles dedicatorias, hay que dar pruebas claras de que no existen interferencias de poderosos personajes que marcaron este gobierno como suyo, tema que queda un poco en el aire dada la forma en que se ha procedido concretamente con las investigaciones limitadas al pasado más remoto, en el caso de Gloria Torres, quien cuando más influencia tuvo y poder para hacer micos y pericos, fue cuando era la principal operadora de la Primera Dama de la Nación en este perí­odo.
 
  En otras palabras, lo que está en juego y preocupa es más el papel de la investigación que con respecto a la corrupción se pueda hacer para llegar al fondo de los manejos que se hicieron en este gobierno porque es allí­ donde puede haber malévolas influencias.
 
  Por la institucionalización de un proceso de cambio en el sistema de justicia, es imprescindible que se impulse, mantenga y demuestre la independencia del Ministerio Público en todos y cada uno de los casos.