El proceso electoral que se habrá de realizar en septiembre del próximo año, está marcado por un anticipado escenario polarizado. De un lado, un partido de oposición que pareciera jugársela con sus propios cuadros en la figura de los dos principales aspirantes a nivel nacional. Del otro, un partido oficial al que muchos apuestan a que es la primera vez que se cuenta con posibilidades reales de alcanzar un segundo período en la conducción del Organismo Ejecutivo. Ante estas dos opciones radica el origen de la polarización. «La tercera opción» es la aspiración a la que se anhela desde la sede de los otros 18 partidos políticos. De hecho quizá alguno de éstos tenga algún grado de posibilidad para encumbrarse en este escenario de antípodas electorales.
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Pero en el camino de la contienda electoral se han de manifestar varios procesos que pueden determinar el curso que habrá de seguir todo lo vinculado a las propias elecciones. Las dudas sobre el Registro Nacional de las Personas, Renap, más que razonables, son el primer punto en el que debe haber un acuerdo al más alto nivel. Se debe despejar de toda duda sobre el desempeño de esta institución frente al proceso electoral. Si las sombras de un fraude electoral se manifiestan hacia el proceso electoral de 2011, todos, absolutamente todos saldremos perjudicados. A la par de tan importante ente, se encuentra el desempeño de las y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE. Aquí, al contrario del Renap, las dudas y los temores van en aumento. Y eso es grave, muy grave. Pues el proceso electoral puede ser empañado desde las más altas autoridades encargadas del mismo.
Los temores sobre la templanza del TSE tienen orígenes diversos, desde la tibieza de sus reacciones frente a la campaña anticipada, como las molestias por cierto halo de complacencia compartida en cuanto a su rol por los desaciertos operativos del Renap, es decir, son entes ligados en sus propias debilidades y carencias de fortaleza institucional. Ambos claves en el desempeño transparente y eficiente de la contienda electoral de 2011.
Lo primero que debiera producirse es un reforzamiento en materia reglamentaria a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Si tal no sucede, la responsabilidad caerá directamente sobre la actual magistratura de la más alta autoridad electoral del país. Ellas y ellos, en el menor tiempo posible deberán dar respuestas concretas que posibiliten, dentro de la ley tal y como está vigente, acentuar su autoridad. El desorden ante las denuncias y eventuales evidencias de lo anticipada de la contienda, en este momento es responsabilidad exclusiva del TSE.
En consecuencia dos grandes ámbitos institucionales deben ser resueltos en el menor tiempo posible: un acuerdo general en cuanto a la dotación acelerada, pero eficiente del Documento Personal de Identidad a cargo del Renap y el papel que éste desenvolverá frente al proceso electoral y, un vigorizado Tribunal Supremo Electoral que a su vez posibilite una renovada capacidad coercitiva sobre el actuar de la totalidad de los partidos políticos con apego irrestricto a la ley. La contienda electoral del 2011 está a las puertas. De seguir la manifestación de todas estas fragilidades, los grandes perdedores seremos los guatemaltecos. A nadie de bien beneficia un país sumido en una crisis de incertidumbre política que vendría a sumarse a nuestras otras debilidades que como Estado estamos manifestando desde hace mucho tiempo ya. Continuará.