Ante el aumento de la conflictividad social que ha ido en aumento en los últimos años, cuyos nichos de desarrollo son los problemas socioambientales, o bien el acceso a la tierra, nuevas causas de conflictos sociales parecieran sumarse a los ya indicados, y se trata de temas vinculados a la economía, desde la ausencia de apoyo para pequeños y medianos caficultores, o bien el aumento de la canasta básica.
Estas causas, generan inestabilidad de todo tipo al país, sin que exista liderazgo de las autoridades del Estado para promover diálogo y soluciones efectivas para las demandas de la sociedad.
Los Estados regularmente se enfrentan a insatisfacciones de su población, derivados de decisiones que tienden a favorecer a determinados grupos, ya sea por razones de orden político, ideológico o económico. Esta situación no es exclusiva de Guatemala, sino en realidad se convierte en una constante en todo el mundo, ya sugerida por Aristóteles en épocas antiguas, en donde reflejaba la impotencia de los reyes griegos de satisfacer a todos por igual, y con ello promover el conocido término de la justicia conmutativa, que difiere de la distributiva principalmente en alcanzar regulación y presencia del Estado orientada a los más necesitados, sustituyendo la noción de distribución equitativa, que promovía –y promueve aún– separación mayor de las clases sociales.
Pero esta “presión” que reciben los gobernantes, incluyendo los guatemaltecos, pareciera en los últimos años convertirse en situaciones críticas para la sociedad y la población guatemalteca, especialmente porque a nivel internacional es notorio que el país vive dos realidades distintas, la citadina y la rural, o bien la pobre y la ascendente, lo que preocupa a países amigos, o países interesados en evitar que conflictos sociales se extiendan hasta territorios propios (Centro América y México, como ejemplo). Y en cambio a nivel nacional, un fenómeno interesante ha surgido, como resultado de años de descuido y de ignorar las peticiones o demandas, y es que las comunidades cada vez más cuentan con una organización social que persigue un frente directo con el Estado, para reclamarle el cumplimiento de sus derechos, sin que a la fecha pueda existir un norte claro o un liderazgo efectivo que haga descansar esta conflictividad o bien orientarla a alcanzar resultados conjuntos mediante el uso de esa energía. Y de ahí se deriva justamente, al igual que otras estrategias fallidas como el diálogo promovido mediante una figura presidencial.
El liderazgo entonces, no solo ha sido ausente, sino tristemente ignorado como herramienta propia de las autoridades del Estado, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta el propio poder local, en donde algunos alcaldes parecieran más interesados en hacer obra, o aprovecharse de ella, que alcanzar un mecanismo conjunto de solución a los problemas o necesidades de su municipio. La conflictividad social entonces, aumenta, y con estas ausencias de liderazgo, se convierte en peligrosa para el resto de la población, desde los conocidos bloqueos en carreteras –terriblemente dañino para el comercio–, hasta las ya conocidas amenazas de los dirigentes campesinos de tomar por la fuerza el Estado, algo que sería nocivo tan siquiera intentarlo.
Los mecanismos de liderazgo y organización están plenamente establecidos en la Constitución, mediante los Consejos de Desarrollo, comunitario, municipal, departamental y nacional, pero habría que iniciar con que cada uno de sus integrantes y sobre todo los que hacen función pública, sean técnicos y no políticos, porque eso haría privilegiar decisiones de beneficio para la población, en lugar de decisiones políticas que consideran escenarios e intereses diferentes.
Guatemala tiene retos tremendos en los próximos años, y desde ya se espera que la próxima contienda electoral, alcance a descubrir líderes comprometidos con el desarrollo de su país y de sus connacionales, sin importar ideología o intereses de cualquier naturaleza.