Algunos columnistas y analistas han recibido con simpatía la noticia referente a la solicitud presentada al Congreso de la República por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, conteniendo el proyecto de reformar la Ley de la Carrera Judicial, para “endurecer las sanciones contra jueces y magistrados, como parte del proceso del fortalecimiento del sistema judicial”.

El miembro de la bancada empresarial del Partido Patriota devenido en presidente de ese Organismo, por aclamación de la asamblea, derivada de sus ejecutorias parlamentarias, advirtió que “La iniciativa de ley es necesaria, pero dudo que se vaya a aprobar este año, debido a que la agenda se ha mantenido estancada por procesos de interpelación”.
 
Con disculpas al presidente del Organismo Judicial, magistrado Gabriel Medrano, quien didácticamente explicó a su culto interlocutor los detalles del proyecto en cuestión, en el fondo me satisface la disposición del diputado Pedro Muadi, porque si reflexionamos acerca de este asunto, el quid del problema no reside tanto en la aplicación de la ley actual ni de sus lagunas y debilidades en lo que atañe a la correcta, pronta y cumplida administración de justicia, sino que radica en comportamientos de quienes están obligados por la naturaleza de sus funciones a proceder con ecuanimidad, sentido del deber, fidelidad a la Ley y apego al estado de Derecho.
 
Sobran ejemplos de jueces y magistrados que ni guardan las apariencias al quebrantar el debido proceso o violentar la letra y el espíritu de leyes penales y civiles específicas en casos de impacto, ya no se diga en procesos judiciales rutinarios que no provocan interés ni morbo de la opinión pública, a sabiendas de que la memoria colectiva de los guatemaltecos es tan frágil que prontamente se olvida de fallos ostensiblemente arbitrarios o injustos, además de conductas de magistrados y jueces en su ámbito personal, pero estrechamente ligados con su actividad judicial.
 
En la fotografía que publicó SIGLO.21, de la entrevista entre los altos funcionarios de Estado se aprecia la presencia del magistrado Érick Álvarez, quien fue el primer presidente de la CSJ en el actual período, durante cuyo ejercicio, en 2010, viajó a Brasil para participar en un seminario interamericano de autoridades judiciales.
 
No habría nada de extraordinario en esa jornada de trabajo si el magistrado Álvarez no hubiese llevado consigo como su presunta asistente oficial a la guapa y sensual Londi Castillo, quienes fueron vistos aparentemente acaramelados en las playas de Fortaleza, destino turístico brasileño, además de que al entonces presidente de la CSJ se le asignaron Q129 mil en concepto de viáticos, aunque el gobierno anfitrión cubrió la totalidad de gastos.
 
Adicionalmente, se publicaron señalamientos atinentes a que el bufete del mismo magistrado negoció con pequeños agricultores la compra venta (a precios de quemazón) de terrenos aledaños al área donde posteriormente operaría la mina Marlin. Ha de haber sido pura coincidencia.
 
Podría arribarse a la radical conclusión, entonces, que por drásticas que sean las normas disciplinarias, si la conducta de quienes están obligados por sus funciones y jerarquía a velar por su cumplimiento no es la más idónea, de nada servirán eventuales severas nueva normas contenidas en la renovada Ley de la Carrera Judicial.
  (El juez de paz Romualdo Tishudo pregunta al novio que está por contraer nuevas nupcias: –¿Por qué terminó su primer matrimonio? –Por muerte del cónyuge, responde. -¿Quién de los dos?, insiste el juzgador).