Mucha atención y suspicacia despierta la decisión que se tome desde las esferas del partido oficial, en cuanto a las personas que se postulen para las próximas elecciones. Para bien de unos y mal de otros, la legislación de la materia vigente conmina al alejamiento del cargo público al que pudiese estarse ejerciendo con al menos noventa días previos a la convocatoria al evento electoral del año venidero, salvo aquellos casos que contemplan la reelección. Es decir, que las argumentaciones respecto del uso o no de los fondos públicos para erigir imágenes con propósitos electorales o electoreros, no necesariamente debiera ser la principal preocupación respecto de la complejidad electoral que se avecina. Hay, a mi juicio, otros aspectos más intrincados en juego.
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El desempeño del denominado «Mirador Electoral» ha fijado su atención, con sobrada razón, entre otros aspectos en el padrón electoral. Así también, el día de las elecciones, en los movimientos en procura de trasladar electores a los centros de votación, determinando su eventual procedencia. Estas tareas son importantes y para las elecciones de 2011 tal observancia es más que necesaria, pero no serán las únicas a verificar.
Las dificultades que ha tenido, y al parecer continuará teniendo el Registro Nacional de las Personas, Renap, para identificar a los guatemaltecos y en particular a los nuevos ciudadanos ha puesto de manifiesto la opción del empleo de dos documentos de manera simultánea: la cédula (con todas las inconveniencias que se manifestó para impulsar el nuevo Registro íšnico) y el Documento Personal de Identidad (con todos los vicios del pasado, elevado ahora a las fallas de los sistemas informáticos y las duplicidades recién reveladas y supuestamente superadas). El padrón electoral tendrá pues, una falla de origen y causada precisamente desde la imprecisa identificación de las personas.
Los imperativos electorales en materia presupuestaria son otros desafíos adicionales a lo antes señalado. El financiamiento ordenado y en tiempo al Tribunal Supremo Electoral, será un factor importante para garantizar su eficiente desempeño. Tan importante como aquello, será la capacidad que se pueda tener en cuanto al financiamiento que se empleará alrededor de cada maquinaria electoral. Y aquí es en donde está uno de los aspectos más complejos y difíciles de enfrentar. Los techos no se cumplen. Las presiones abundan por todos lados.
Nuestro país tiene una posición geopolítica especial. Tan especial que ciertos territorios son, literalmente apetecidos por los narcotraficantes para garantizar la concreción de su actividad delictiva. Esa situación les impulsa a ganar territorio y para ello tendrán que buscar los medios para impedir obstáculos en sus propios fines. La tentación de financiar a «sus» candidatos es más que obvia. Si tal no se alcanza, la presión de éstos sobre aquellos puede devenir en sangrientas reacciones para ellos (los eventuales candidatos) y sus familias.
Con la fragilidad del Estado guatemalteco, herencia de las pandillas oligárquicas que han sumido al país en este fantoche leguleyo al que con eufemismos solemos denominar Estado de Derecho, hacen de nuestro país un atractivo adicional para los poderes paralelos. La tentación de mantener el Estado a medias y por la vía electoral es muy llamativa. Ojalá nuestra clase política y dirigencia nacional entendieran y asumieran el verdadero desafío en el que estamos inmersos.