Muy bien nos advierten los historiadores que el pueblo que no conoce y difunde su pasado es un pueblo condenado a repetir sus fracasos. Y es por ello que conviene recordar las última reforma constitucional de 1993, cuando el entonces presidente Ramiro de León Carpio, pedía el apoyo para lograr la depuración del Congreso y de la “clase política”.
Transitando en el túnel del tiempo, las reformas se nos vendieron bajo el argumento de que entraríamos en un Estado moderno y se allanaría el camino para una democracia renovada, teniendo en cuenta la coyuntura de los acuerdos de paz. Y así, la sociedad civil se encarriló en el tren de las nuevas esperanzas, buscando, además, la ansiada descentralización y el fortalecimiento de diversas autonomías.
Pero allí estaban, como el monstruo de mil cabezas, los profesionales de la política, que aprovecharon el declive de diversos partidos políticos de ese tiempo, como lo eran la propia Democracia Cristiana, la Unión del Centro Nacional de Roberto Carpio, las últimas reminiscencias del Partido Revolucionario, así como la debacle del Movimiento de Acción Solidaria -MAS- de Jorge Serrano Elías, que sin mayor cabeza partidaria, se había fortalecido a mitad del mandato, logrando un buen número de alcaldías.
A ese tiempo, resultaba evidente que los de la denominada “clase política” ya no eran los señorones y señoritos de la ciudad capital, ni más de alguno de los intelectuales que han pululado en ese coto exclusivo. Y lo que hicieron muchos de los “profesionales emergentes” de la política de ese tiempo, principalmente los que no estaban en la primera línea, fue el arremolinarse alrededor de otras iniciativas partidarias y plantear una reforma constitucional afín a sus intereses.
Así, se cocinaron diversas iniciativas que ahora son un verdadero dolor de cabeza, como es el caso de la reelección de alcaldes, la ratificación del tema de la irresponsabilidad de los diputados, el perfeccionamiento de la interpelación a Ministros por los diputados, y el otorgamiento de múltiples potestades al Congreso para darle vuelta al presupuesto público.
Y, además, las élites hegemónicas no escatimaron aprovechar la oscuridad del punto e introdujeron una certera reforma al artículo 133 de la Constitución, prohibiéndole al banco central otorgarle financiamiento al sector público, dejando a este último a total subordinación de la banca nacional e internacional, y originando el negociazo de los bonos gubernamentales.
En tal sentido, lo que queremos mostrar aquí es que la pretendida depuración del Congreso, sólo significó la debacle momentánea y el tradicional serruchado de silla de algunos cuantos protagonistas, en una actitud muy guatemalteca de cortar protagonismos, para que los que vienen atrás puedan también usufructuar unas mieles del poder, que muy poco han tenido de verdaderamente democráticas, encumbrando, además, el poder del pisto y de los financistas de campaña.
Es de aplaudir las nuevas inquietudes, sobre todo desde el lado del Ejecutivo, por echar a andar nuevas normativas en diversos órdenes de la actividad estatal, pues se trata de un Estado vetusto, que está dando todos los indicios de un Estado fallido; pero muy bien vale la pena divisar a cientos de cuervos y zopilotes que estarán dando sus tradicionales revoloteos en pro del oportunismo, el clientelismo y la pérdida moral.
Es hora entonces que el liderazgo de la sociedad civil se encumbre, tomando en cuenta las lecciones de la Historia como Maestra de la Vida.