La Hora tiene una establecida y respetada posición respecto a la soberanía nacional y con base en ella apela a las fuerzas políticas para que en el caso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, den su pleno respaldo a la iniciativa que el gobierno ha negociado con Naciones Unidas y que persigue la implementación de mecanismos de investigación que nos permitan superar el viejo problema que tiene nuestro sistema de justicia y que ampara en la impunidad a los criminales en el país.
Entendemos que de alguna manera ceder la investigación a una comisión internacional implica, aunque se logren instrumentos para fortalecer al Ministerio Público, una forma de ceder soberanía. Pero en este caso es absolutamente justificado que políticamente se tome esa decisión, puesto que hace falta que tengamos personal capacitado y con experiencia en investigación que pueda empezar a entrenar y preparar a nuestros propios investigadores y marcar el camino para lograr que eso se traduzca en una merma de la impunidad.
No es posible, materialmente hablando, asignar esa función a personal local o al mismo Ministerio Público inicialmente porque todos sabemos que la contaminación es profunda y que no se puede apostar por ello a que se logren resultados, aún si tuviéramos, extremo que no se da, personal ya calificado para hacerse cargo de las investigaciones. Por ello es que creemos que los partidos políticos tienen que coadyuvar ahora con la aprobación del instrumento internacional, entendiendo que el mismo es en la práctica una cesión de soberanía que se hace de manera temporal y con un fin muy específico para lograr el fin de uno de los peores flagelos que sufre el país.
Guatemala se ha convertido en un paraíso de los criminales y por ello es que en determinadas circunstancias se justifica que apelemos a la cooperación externa para que podamos romper el cerco que los aparatos del poder paralelo establecieron durante los tiempos del conflicto armado interno y que, cesado éste, se pusieron al servicio de las nuevas manifestaciones que fueron cobrando esos grupos, es decir, del crimen organizado que sigue siendo una fuerza indiscutible en Guatemala. Y ante el avance que ha tenido paralelamente el narcotráfico, nutriéndose con la debilidad institucional del Estado para actuar, no podemos perder más tiempo ni darle más vueltas al asunto. En este caso no cabe ninguna consideración distinta al interés más profundo del país y el mismo está en abrir una brecha para luchar seriamente contra la impunidad en Guatemala. Por ello quien se oponga a la CICIG estará poniéndose, queriendo o sin querer, al servicio de las fuerzas más oscuras de nuestra patria y en contra de la última posibilidad que tenemos de luchar contra el crimen organizado.