Hay absoluta unanimidad en el sentido de que el colofón del caso Rosenberg tiene que ser el esclarecimiento del Caso Musa, sobre todo porque se entiende y asume que el abogado tramó su propia muerte con el fin de obligar a la investigación de ese otro doble asesinato que conmovió a Guatemala y ayer el juzgado que lo tiene a su cargo decretó la reserva para garantizar que puedan avanzar las investigaciones sin filtraciones que hagan daño al proceso.
Se recordará que al presentar los resultados del minucioso trabajo para resolver la muerte de Rodrigo Rosenberg, el Comisionado Carlos Castresana dijo que estaba pendiente el trabajo en este otro crimen, advirtiendo que tenía mayor grado de dificultad porque mientras que la CICIG se apersonó en la misma escena del crimen el 10 de mayo cuando murió el abogado, en el caso Rosenberg las investigaciones no las empezó sino hasta que se estableció el vínculo entre los dos hechos de sangre, casi un mes después.
Hemos visto cómo la opinión pública ha ido aceptando las evidencias que fueron presentadas en el proceso de la acusación por el asesinato de Rodrigo Rosenberg y que vincula a empresarios como autores intelectuales porque contactaron a los sicarios, y a un grupo de asesinos que formó parte de los cuerpos de seguridad y que se dedicaban a matar por encargo en lo que se conoce como puro y simple sicariato. Pero siempre queda como punto flojo la pregunta de quién mató a los Musa. Algunos ven en ese crimen la posibilidad de seguir inculpando a gente del Gobierno y otros simplemente vemos la necesidad de que se aclare lo ocurrido contra esa pareja, padre e hija, muertos a mansalva como ha ocurrido con tantos guatemaltecos en los últimos años.
No es que el crimen sea importante por la condición social de las víctimas, sino porque hay implicaciones políticas que tienen que conocerse a fondo para determinar si el móvil del asesinato fue por cuestiones relacionadas con temas de Estado o de Gobierno o si es, como en el caso de Rosenberg, resultado de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la política del régimen.
El hecho de que la CICIG haya pedido la reserva del caso es para nosotros alentador porque significa que tienen ya elementos en la pesquisa que tienen que permanecer ajenos a la opinión pública para evitar que la fuga de información alerte a los implicados y que éstos puedan actuar para destruir evidencias o simplemente para escabullirse. La confianza que genera CICIG está otra vez puesta a prueba, pero confiamos que, como en el primer caso, el resultado sirva para apuntalar su credibilidad.