La CICIG solicitó hoy hacer una revisión de los movimientos bancarios para comprobar las firmas de las certificaciones utilizadas por los militares involucrados en el desví­o millonario durante el gobierno de Alfonso Portillo.

La Fiscalí­a Especial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) pidió al Juzgado Noveno que ordene a los bancos del sistema proporcionarle las copias de los depósitos bancarios que los involucrados pudieron haber realizado.

Por este caso, ya se ha capturado a Enrique Rí­os Sosa -hijo del diputado, general retirado y lí­der del FRG, Efraí­n Rí­os Mont-, Miguel íngel Salguero y Pedro Catalán.

El primero se desempeñó como jefe de Finanzas del Ejército en el 2001. Hace varias semanas que se logró la captura de los tres, que son procesados por peculado y falsedad ideológica en forma continuada, por el desví­o de 120 millones de quetzales de las arcas del Ejército, durante el gobierno de Alfonso Portillo como presidente de la República y comandante general de las fuerzas castrenses.

Por otro lado, el ex presidente Portillo también es investigado por la CICIG, pero la jueza Leticia Valenzuela rechazó a esta comisión como querellante adhesiva, por lo que, momentáneamente, se encuentran excluidos del proceso.

OTROS IMPLICADOS

Las investigaciones por el desfalco involucran a nueve militares más, entre ellos, los ex ministros Eduardo Arévalo Lacs y ílvaro Lionel Méndez Estrada; asimismo, Luis Alberto Gómez Guillermo, jefe de Presupuesto del Ejército en el 2001 y jefe del Departamento Financiero en el 2002; Sergio Hugo Cárdenas Sagastume, jefe del Departamento de Finanzas del Ejército en el 2001; Henry Leonel Galindo Mejí­a, jefe del Presupuesto del Ejército en el 2001; todos ellos, aún se encuentran prófugos.

DECISIí“N

Nery Medina, juez noveno de Primera Instancia Penal, decidirá la comparecencia de la solicitud de la CICIG, para luego ordenar a todas las entidades bancarias donde los ex militares hací­an los movimientos financieros y que presenten los documentos que puedan dejar al descubierto las firmas de los acusados; de esta forma, realizar una revisión minuciosa en los documentos utilizados para el desfalco.

La CICIG -que se encuentra como querellante adhesivo en las investigaciones- busca llegar al fondo del desví­o; la comprobación permitirá determinar en realidad cuántas transacciones y de qué manera realizaron la malversación de fondos indicaron las autoridades.