La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) concentrará sus esfuerzos en investigaciones vinculadas con redes de narcotráfico en Petén, así­ como las operaciones financieras de la célula de Los Zetas, según detalla el informe de cuatro años de labores que presentó Francisco Dall’Anese, titular de esa entidad.

El documento detalla, además, que las próximas investigaciones de esa Comisión también se enfocarán en los desalojos constantes en el Polochic, los asesinatos y extorsiones a pilotos del  transporte colectivo. Las pesquisas se ejecutarán durante los próximos dos años, perí­odo por el cual fue ampliado el mandato de esa Comisión.

El documento presentado por Dall’Anese el miércoles último detalla que la prórroga del mandato de la CICIG llevó a que se abrieran nuevas investigaciones estratégicas relacionadas con el mandato de esa instancia, las cuales están relacionadas con “determinados fenómenos que afectan a diversos sectores de la sociedad”, apunta.

Uno de los casos citado en el informe es: “la posible existencia de redes clandestinas en el departamento de Petén vinculadas con intereses de narcotráfico, empresariales y polí­ticos, a partir de la investigación de la muerte de varios lí­deres comunitarios entre octubre de 2010 y febrero de 2011”.

Pero, además, se señala en ese informe que la CICIG ejecutará “la investigación de las operaciones financieras de la organización criminal de Los Zetas como medio para llegar a personas y estructuras criminales cómplices, insertas en la Policí­a Nacional Civil y otras instituciones estatales”.

Eleonora Muralles, directora del Movimiento Pro Justicia, ve con buenos ojos las nuevas investigaciones que impulsará la CICIG ya que considera que para las autoridades locales la investigación y desarticulación de estructuras vinculadas al narcotráfico es una tarea muy difí­cil.

“Creo que esa es una de las funciones de la CICIG porque se habla de estructuras paralelas que nos tienen como nos tienen y en efecto uno ha visto que Los Zetas han logrado incorporar a personas vinculadas con las instituciones de seguridad del Estado, creo que por ahí­ va la lí­nea”, señala Muralles.

La entrevistada considera, además, que el rastreo de los fondos utilizados por estructuras como Los Zetas llegarí­a a determinar quiénes son las personas que manejan esos recursos y por lo tanto a los cabecillas de esas células. “Recordemos que con ese dinero compran voluntades dentro del Estado”, indicó.

Pero las investigaciones de la CICIG para este nuevo perí­odo no se quedarán ahí­, pues el informe señala que también indagarán “la posible existencia de estructuras ilegales de protección de intereses latifundistas, a partir del caso del desalojo de comunidades campesinas queqchies en el Valle del Polochic, en el departamento de Alta Verapaz, en marzo de 2011”.

Además, esa instancia continuará investigando el fenómeno continuo de las extorsiones y muertes de pilotos y asistentes de buses urbanos cuya principal hipótesis actual es que se planifican desde los centros de detención.