Es notable que aún los que fueron acérrimos críticos de la instauración en Guatemala de la Comisión Internacional Contra la Impunidad están reconociendo que ha sido un aporte importante para iniciar la lucha contra ese mal que es causa no sólo de la violencia generalizada en el país, sino de la corrupción pública y de los delitos de cuello blanco que van desde la evasión hasta el alzamiento con el dinero de los ahorrantes hecho por «prestigiosos» banqueros.
Y es que está demostrándose que, en efecto, los extranjeros que vinieron a ayudarnos usan la inteligencia para combatir al crimen, algo que ofreció el gobernante actual, pero que se quedó en vacía promesa de campaña, y ahora falta ver si los tribunales valoran adecuadamente esas pruebas e investigaciones en casos como el del fiscal Matus, el del abogado Rosenberg, el del ex presidente Portillo y los militares con los que se saqueó al Ministerio de la Defensa.
Pero vamos a que la CICIG no es una institución permanente en el sistema guatemalteco sino apenas un ente temporal que tiene mandato por período establecido y al que tenemos que sacar el máximo provecho. Castresana ya se quejó de la falta de apoyo del Estado, concretamente de sus tres Organismos que no han avanzado en la implementación de acciones necesarias para hacer institucional el combate a la impunidad. El Gobierno, el Congreso y la Corte se hacen de la vista gorda de las recomendaciones de la CICIG y no implementan acciones que ayuden al pueblo de Guatemala a resolver ese gravísimo problema que anula el Estado de Derecho. Unos lo hacen disimuladamente, como en el caso de Colom que afirma su respaldo a la CICIG sin hacer nada y el del Congreso donde todo se entrampa por las convenientes dificultades de agenda legislativa. Otros son más categóricos, como en la Corte, donde su Presidente no oculta su animadversión clara y rotunda.
Las leyes propuestas por CICIG son urgentes y lo mismo las medidas administrativas que tendrían que tomar el Gobierno y la Corte, pero el tradicional tortuguismo oficial funciona a favor de las estructuras paralelas. Y es que no olvidemos que éstas mantienen su poder e influencia en el país y que agotarán sus medios para impedir que el avance sea concreto.
Por ello insistimos en que tiene que haber un compromiso claro de la sociedad para hacer propia la causa contra la impunidad, de manera que logremos realmente sacar provecho al aporte de CICIG y que cuando los extranjeros terminen su mandato, los guatemaltecos podamos continuar con el trabajo iniciado que no es tarea de cuatro años, sino que requiere compromiso permanente.