Un juez federal estadounidense analiza hoy si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) incurrió en obstrucción de la justicia al destruir videos sobre interrogatorios a sospechosos de terrorismo, en los que se habría acudido a la tortura.
El juez Henry Kennedy ordenó un debate de oposiciones en este nuevo caso referido a los métodos empleados en la lucha antiterrorista.
El juez escuchará a los abogados de ambas partes: de un lado la CIA y del otro los representantes de los detenidos en la base naval de Guantánamo (Cuba), que estiman que la desaparición de esas pruebas potenciales de tortura puede ser considerada como una obstrucción de la justicia.
La Cia informó el 6 de diciembre último que sus servicios habían destruido en 2005 varias grabaciones de interrogatorios sensibles, para entre otras cosas proteger a los agentes que interrogaban de eventuales represalias de al red Al Qaeda.
Según The New York Times, los videos destruidos, grabados en 2002 en prisiones secretas de la CIA, mostraban los interrogatorios de dos sospechosos de terrorismo –Abu Zubaydah, un presunto miembro influyente de la red de Osama bin Laden detenido en Pakistán, y Abdel Rahim al-nachiri, sospechoso de estar implicado en el atentado contra el «USS Cole» en Yemen en 2000.
«Estamos ante un caso de potencial destrucción de pruebas. Queremos saber si el gobierno destruyó elementos probatorios que podrían contradecir las acusaciones que pesan sobre nuestros clientes», afirmó David Remes, abogado de detenidos yemenitas en Guantánamo.
El juez Kennedy, encargado de una demanda sobre las condiciones de detención en Guantánamo, había exigido en 2005 que se conservaran las potenciales pruebas «sobre torturas o malos tratos de prisioneros» de Guantánamo.
Se trata del mismo juez que deberá escuchar a las partes hoy a las 11:00 de la mañana (hora de Guatemala) para determinar si la CIA hizo desaparecer pruebas potenciales, a pesar de su orden de 2005.
En un documento dirigido al juez, divulgado por The Washington Post, la administración Bush estima que la destrucción de videos no violó la decisión del juez, ya que los prisioneros interrogados en las cintas no estaban detenidos en Guantánamo, sino en prisiones secretas de la CIA.
La revelación de la destrucción de esas cintas provocó una reacción defensiva de la administración. Las grabaciones mostrarían los agresivos métodos de interrogatorio de la CIA, que incluirían la técnica de la simulación de ahogamiento.
La Casa Blanca, cuya imagen internacionl ya se vio afectada por el escándalo de la cárcel de Abu Ghraib, está sometido a innumerables preguntas sobre lo que sabía y sobre su responsabilidad en la destrucción de los videos.
El presidente Bush dijo ayer que no recordaba haber estado al tanto de esos videos ni de su destrucción hasta que el jefe de la CIA, Michael Hayden, le informó hace dos semanas, justo antes de hacer público el caso.
Negándose a hacer más declaraciones y amparándose en las investigaciones preliminares que están en curso, Bush no quiso decir si aprobaba o no esa destrucción de los videos.
Pero según The New York Times, «la Casa Blanca jugó un papel más importante del que admite».
El diario escribió el miércoles que al menos cuatro asesores legales que trabajan para la Casa Blanca participaron entre 2003 y 2005 de las discusiones con la CIA sobre la conveniencia de destruir esos videos, que incluían pasajes de interrogatorios a presuntos terroristas.