La Corte de Constitucionalidad ordenó retirar el arraigo que pesaba contra tres representantes legales de las empresas hacia las que Organizadora de Comercio desviaba los depósitos de los inversionistas de Banco de Comercio.
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El Ministerio Público (MP) se opuso al retiro de los arraigos y los embargos que la CC ordenó al Juzgado Noveno de Primera Instancia; los querellantes por su parte, criticaron las acciones del ente investigador.
El fallo favoreció a Cristian Lowenthal Escobar, Adolfo Ríos Recinos y Leonel Armando Martínez Toledo, representantes legales de algunas de las empresas receptoras de los fondos invertidos en la citada offshore.
El argumento vertido en el amparo interpuesto por los citados representantes legales indica que «se les está violando la libre locomoción» y que éstos «no se encuentran en calidad de sindicados dentro de la investigación de BC»
Oposición
Otto Guzmán, fiscal del MP a cargo de ese caso, explicó que los representantes legales pidieron que les fueran retirados los arraigos y los embargos de esas entidades, a lo que la institución investigadora se opuso, pero el amparo fue declarado con lugar por la CC.
El fiscal del caso indicó que los juristas no tienen vínculo directo con la estafa en esa entidad bancaria; pero que en la oposición presentada ante Nery Medina, juez contralor de la causa, especificó que «esas entidades aún están sujetas a investigación».
Guzmán reiteró su oposición a dicha medida, pero reconoció que los anteriores no se encontraban vinculados penalmente al caso y que se comprometieron a presentar su declaración en el juicio contra Roberto Segovia Olivotto, acusado de la multimillonaria estafa.
Crítica
Francisco Maldonado, representante de los inversionistas del BC criticó la acción del MP en ese caso: «lo que vemos es una incapacidad del MP por la tardanza para llevar a cabo las investigaciones; eso da margen a los abogados y representantes para poderse defender», declaró el entrevistado.
Maldonado consideró que los representantes legales de esas empresas «se vieron beneficiados con el dinero del banco porque son familiares de los acusados», indicó.
El jurista agregó que el retiro de los embargos de las propiedades y de las cuentas de esas empresas «obstaculiza el procedimiento de investigación y la aplicación de justicia».
El MP afirma que existieron unas 30 empresas «de cartón» vinculadas a los desvíos de los fondos de los inversionistas de BC.
Organizadora de Comercio fue la offshore encargada de captar los fondos para el BC. El banco captaba los fondos de los inversionistas, y los enviaba a la Organizadora, esta a su vez los depositaba en las cuentas de unas 15 empresas inscritas en Guatemala y Panamá, pero que no tenían autorización para recibir esos depósitos.