Como si la ley no estuviera lo suficientemente clara para que cualquiera, sin formación de ninguna especie, pudiera entenderla, hizo falta que la Corte de Constitucionalidad resolviera un recurso interpuesto por los diputados de la UNE para demostrar el abuso de autoridad que cometió el Presidente del Congreso al decidir que pasara a una comisión para su conocimiento el tema del estado de Calamidad Pública, evitándole al pleno la posibilidad de aprobar o improbar la medida.

Yo sigo pensando que el señor Muadi es un hombre de buena fe al que agarran de papo sus asesores y quienes realmente manejan las cuestiones en el Congreso. Le dijeron que bastaba con conocer el asunto para cumplir con la ley y que mandándolo a una comisión se resolvía la falta de votos suficientes para asegurar la prórroga del estado de Excepción y él se los creyó. No sabía que hay una ley que dice que la ignorancia no exime de la obligación de cumplir con las normas e hizo falta un engorroso (y costoso) procedimiento de recursos y resoluciones para enderezar el entuerto y sacar la pata que le hicieron meter los que sí saben y entienden pero se aprovechan de la candidez del Presidente del Congreso.
 
 Ya con el estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa, Muadi había pretendido obviar la aprobación del pleno enviando el asunto a una comisión y la cosa no pasó a más porque el Gobierno, sabiendo que no tendría votos suficientes en el pleno para restringir las garantías constitucionales, decidió dejar sin efecto el estado de Sitio. Pero en el tema del estado de Calamidad tras el terremoto que afectó al occidente del país no se podía hacer lo mismo porque aquí lo que está en juego es la forma de gastarse el pisto del Estado sin controles de ninguna naturaleza y por lo tanto ahora queda en entredicho todo lo que se ha hecho desde que no se aprobó la prórroga y los negocios que se han pactado bajo la sombra del estado de Excepción desde ese momento quedan en el aire.
 
 La forma en que se intenta burlar la ley con interpretaciones antojadizas es pasmosa no sólo por el nivel de cinismo sino también por la forma en que se recurre a ese procedimiento de manera continua. Si la ley dice que el Congreso tiene que aprobar o improbar una suspensión de garantías constitucionales, le dicen al oído al pobre Presidente del Congreso que se haga el baboso y que mande el tema a una comisión. Si la ley dice que para otorgar una concesión hay que llenar requisitos de licitación y que debe aprobarse por el Congreso, se inventan un usufructo para evadir las disposiciones de una ley que pretende, nada más porque rara vez lo logra, asegurar la transparencia en los negocios públicos.
 
 Y es algo que preocupa porque tanto los ciudadanos como los funcionarios y contratistas nos hemos acostumbrado a que jugarle la vuelta a la ley no es cosa del otro mundo y por ello hay bufetes de abogados que se especializan en cómo burlar las normas, cómo reírse de las leyes. Son los bufetes que encontraron la forma de vender la telefónica sin pasar por el Congreso, creando primero la sociedad anónima con los activos del Estado para luego venderla de acuerdo a normas del derecho privado. Son los bufetes que se cranearon la idea de los fideicomisos para ocultar los malos manejos que se hacen con los recursos del pueblo y de esa manera evitar la rendición de cuentas.
 
 Al fin la CC tuvo un pequeño aire con remolino para poner en su lugar a los que, aunque sea por patética ignorancia, cometen abusos.