La ley no permite ignorancia. La ley no perdona su incumplimiento, porque el que transgrede la ley comete delito. Esto significa que todo ciudadano, desde el más sabio, el más poderoso, hasta los ignorantes y más débiles, deben de cumplir los mandatos de las normas ordenadas por la Constitución de la República. Todo hombre letrado con conciencia nacional y social, tiene la obligación de estar informado de los acontecimientos diarios que surgen en su país, para ello, la fuente principal es la noticia, revelada por los medios de comunicación social escritos o divulgados a través de la televisión y radiodifusión. Es tan importante este servicio para el desarrollo de los pueblos del mundo que se reconoció el trabajo noticioso periodístico como un derecho y una fuerza pujante progresista en la escala ascendente de toda nación democrática que deja fuera todo totalitarismo y que contempla en sus leyes la real libertad de pensamiento y el derecho de todo periodista de informar con entera libertad, apoyado por el derecho constitucional. Pero tristemente los países del tercer mundo y sus autoridades son los primeros en desfigurar las leyes, especialmente la libertad de prensa la que es atacada constantemente por casi todos los gobiernos de turno que se sienten ofendidos porque no aceptan críticas de ninguna clase, mucho menos señalamientos de malos manejos o serias denuncias de corrupción, y valiéndose cobardemente de medios de represión, atacan a los informadores y ¿cuál es el resultado de este abuso de poder?, periodistas vapuleados, encarcelados, torturados injustamente, sólo por usar su derecho de informar. Pero las atrocidades no quedan allí, porque el resultado de tanta farsa de democracia y de libertad de prensa nos da un saldo doloroso de cientos de periodistas asesinados. Y sólo queda el lamento de crímenes impunes que jamás son esclarecidos ni siquiera investigados. Cuántos periodistas fuera de su patria que para preservar sus vidas tuvieron que acogerse a la tabla de salvación del exilio duro y amargo como lo planteó el poeta premio Nobel de Literatura 1972, Miguel íngel Asturias en uno de sus sentidos poemas: «…esta tierra que no es mi tierra/ esta mesa que no es mi mesa/ este pan que no es mi pan…» cuánto dolor hay en el fondo de esos versos. Y por más protestas de las asociaciones mundiales de periodistas, no se ha logrado corregir semejante atropello a la libre emisión del pensamiento, todo lo contrario, los comunicadores siguen siendo el centro del acoso criminal y de la imprudencia de autoridades que infringen la ley sin importarles las consecuencias a las que se somete un país desgobernado ante la conciencia internacional por el irrespeto constitucional y de los derechos humanos. Pero especialmente aquí en Guatemala donde el engaño y los asaltos con guante blanco se hacen con el mayor descaro a las propias partidas asignadas al servicio del pueblo a través de las instituciones de los tres poderes del Estado, siendo la más señalada el Congreso de la República, no podemos esperar más que ataques a la prensa por los superhombres que sueñan con poderes absolutos para adueñarse del mundo. Y ¡ay! de aquel periodistas que se atreva a desnudar sus trampas, porque lo más fácil es desaparecer a quienes estorban sus caminos torcidos. Los funcionarios nunca atacan a la prensa por ignorancia, queda claro que son enemigos de la prensa porque tienen mucho que esconder, ¿cómo es posible que un representante de la ley, obligado por doble razón, la ignore? El caso de la reciente cita a declarar ante el Ministerio Público por un fiscal, a la destacada periodista y escritora Margarita Carrera, columnista de Prensa Libre, por una serie de artículos publicados en su columna «Persistencia» de dicho matutino, sobre el siniestro ocurrido en la Embajada de España en nuestro país, el 31 de enero de 1980, es una muestra más del abuso de autoridad y de irrespeto total a la libre emisión del pensamiento, ejercido por la prensa nacional con heroísmo y dignidad, aun bajo las sombras de la cerrazón delictiva de los abusadores de la ley.