Fue en tiempos de Jorge Ubico que se emitió la ley de probidad obligando a los funcionarios públicos a declarar los bienes que tenían al asumir el cargo, con la intención de que luego se cotejaran sus posesiones con las que tenían al regresar a la vida privada. Desde aquellos lejanos días al presente, nadie, ningún funcionario público, ha sido procesado por enriquecimiento ilícito probado en el contraste entre la declaración realizada al asumir y la comprobación de su riqueza al cesar sus funciones, hecho que no sirve para demostrar que vivimos en un país de funcionarios probos y honestos, sino en un país donde los mecanismos de control son peores que la tristemente célebre carabina de Ambrosio.
Ahora se debate sobre la publicación de las declaraciones de probidad de los nuevos funcionarios, en la repetición de un ya viejo y conocido ejercicio. En campaña no hay político que diga que ocultará sus posesiones y que no publicará su declaración de probidad; se trata de ganar votos y por supuesto que todos ofrecen «transparencia» y aseguran que harán público su estado patrimonial. Nadie menciona, por ejemplo, que nuestro sistema permite ocultar en sociedades anónimas con acciones al portador la posesión de toda clase de bienes, tanto así que los testamentos son una institución jurídica en vías de extinción porque aquí únicamente los más papos dejan heredados sus bienes en un testamento, cuando lo que aconseja cualquier abogado es estructurar una sociedad anónima que sea dueña legítima de la masa hereditaria y lo que los herederos se han de repartir serán acciones.
El Contralor de Cuentas, en un gesto de sinceridad, dijo que las declaraciones de probidad de los funcionarios nunca han servido para cotejarlas al final con sus bienes, por lo que se trata de un instrumento doblemente vacío. Inútil porque hay formas de ocultar la posesión de bienes y más aún porque aun en el caso de que alguien muy sincero declarara con puntillosa honestidad el valor de sus acciones en sociedades anónimas, nadie se tomará la molestia de volver a revisar ese documento que contiene la declaración jurada.
Sirva esta reflexión para ir al tema de fondo: Guatemala no tiene instrumentos legales adecuados y eficaces para combatir la corrupción y todo lo que tiene es una serie de leyes inútiles que, al fin de cuentas, sirven para apañar la corrupción porque los funcionarios se llenan la boca diciendo que entregaron sus declaraciones de probidad y que han recibido sus finiquitos, aunque hayan sido largos de siete suelas.
Un Contralor de Cuentas que verdaderamente entienda su responsabilidad tiene que dedicar todo su período a estructurar el andamiaje legal para combatir la corrupción en Guatemala. Es preciso entender que no tenemos mecanismos de control ni instrumentos legales eficientes para perseguir a un sinvergí¼enza. Aquí no hay forma de llevar a la cárcel a un funcionario que haya robado, salvo que se trate de perfectos idiotas que dan cajonazo de la forma más vil y vulgar dejando sus huellas burdamente.
Se habla tanto, por ejemplo, de la corrupción de Portillo o de los trinquetes en el aeropuerto pero ni en uno ni en otro caso habrá delito que perseguir. A Portillo lo acusan de peculado y el Presidente de la República no es cuentadante y por lo tanto no puede cometer peculado. En el aeropuerto todo lo pasaron a la OACI y si alguien encuentra una huella merecerá un premio porque los empresarios sí que saben hacer las cosas. Por todo ello, debatir sobre las declaraciones de probidad es puro pan y circo, es hablar babosadas para no atacar el problema de fondo.