En esta columna hemos externado el criterio sobre que la propuesta para la despenalización de las drogas promovida por el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, tiene un trasfondo o una cara oculta para la población.
En primer lugar, se utilizó como una cortina de humo para distraer la atención, mientras el gobierno derechista del Partido Patriota le asestaba una puñalada por la espalda a las capas medias y a los jubilados con el aumento de impuestos, a la vez que disminuía la carga tributaria a los sectores de la clase dominante, que fueron quienes financiaron la campaña política del actual primer mandatario.
Pero, al mismo tiempo, se ha empleado como un mecanismo de negociación para lograr que Estados Unidos levante el embargo de asistencia militar que le impuso a Guatemala en 1977 por violaciones a los derechos humanos.
Se podría pensar que Pérez Molina, siendo un astuto estratega militar, pues hay que recordar que en una época fue jefe de Inteligencia del Ejército, sabía de antemano que el gobierno de Estados Unidos iba a rechazar la idea de la despenalización.
Frente a tal panorama, su gobierno reaccionaría ante los funcionarios norteamericanos planteándoles la situación de que si no aceptan la despenalización, entonces deberían incrementar la ayuda a Guatemala para el combate al narcotráfico, incluyendo la asistencia militar actualmente paralizada.
Llama la atención que mientras Pérez Molina intensificaba los esfuerzos a efecto de publicitar su propuesta, el actual ministro de la Defensa, General Ulises Noé Anzuelo, emprendía un viaje a Washington para entrevistarse con altos funcionarios militares y civiles de Estados Unidos, así como con miembros del Congreso gestionando precisamente la renovación de la ayuda militar.
Según versiones periodísticas, el Ministro transmitió la buena voluntad y transparencia del gobierno de Pérez Molina para poder trabajar con Estados Unidos en las labores de seguridad de la región, especialmente contra el narcotráfico.
Conforme esas versiones, entre otras cosas, aseguró que, las Fuerzas Armadas de Guatemala ya no son las que eran hace 40 años, “por mucho que haya gente que quiera pensar que continúan siendo así”.
El levantamiento del embargo es un procedimiento que depende del Congreso de Estados Unidos. Ello explica por qué el Ministro también se reunió con varios Senadores norteamericanos.
Ahora surge la pregunta: ¿cuál es el verdadero objetivo de gestionar el levantamiento del embargo?… ¿será para remilitarizar el país? A nivel internacional se ha revelado que por lo menos 17 militares retirados de alto rango están ocupando posiciones estratégicas en instituciones del Estado.