José Antonio de Gabriel, Jefe de la Misión de Observación de la UE: «La Unión Europea verí­a con muy buenos ojos, una solución para incrementar la participación de las mujeres y de los indí­genas»

Visión Electoral, realizó una entrevista exclusiva con José Antonio de Gabriel, Jefe Adjunto de la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) en Guatemala. La necesidad del pronto esclarecimiento de los asesinatos que pudieran tener «cobertura polí­tica»; la propuesta de ir hacia un documento nacional de identidad realizado con todas las garantí­as tecnológicas de no duplicación ni falsificación; el registro nacional automático de votantes y la posibilidad de que Guatemala pase a un sistema mixto, público y privado, de financiamiento electoral con mayor fiscalización; así­ como la necesidad de fortalecer la participación polí­tica de las mujeres y los indí­genas, fueron algunos de los aspectos señalados por este experto en procesos electorales.

-¿En qué consiste el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Guatemala?

Tiene como objetivo, fortalecer los procesos de consolidación de la democracia dentro de una estrategia global de la UE de fomento de la democratización en el mundo. Lo que hace esta Misión de Observación, es acompañar el proceso desde el inicio de la campaña electoral, que no ha sido posible hacerlo así­ en Guatemala, porque la campaña ha sido larguí­sima si le sumamos la precampaña; acompañar también la jornada electoral y los eventuales recursos o quejas que se puedan plantear después. La Misión, lo que hace es un balance nacional, general, comprensivo, no fijándose en un incidente aquí­ o allá -salvo que estos incidentes tengan una importancia para afectar al proceso en general- y al final presentar una declaración preliminar con los hallazgos, las recomendaciones y comentarios sobre el proceso. Se hizo ya el 11 de septiembre luego de la primera vuelta, y se volverá a hacer después de la segunda vuelta el 6 de noviembre. Una vez finalizado y concluido el proceso, se hace un informe final que ya se concentra, además de la evaluación de todo el proceso, en la formulación de recomendaciones que pueden servir para mejorar algunos aspectos que hayamos identificado como deficientes o mejorables, o que hayan podido influir negativamente en el proceso electoral.

-¿En términos del fortalecimiento de la democracia y participación ciudadana, cuáles son los ejes en los que ponen mayor atención?

Ponemos especial atención en la inclusión en el voto, es decir, en el acceso de los votantes al proceso electoral. En segundo lugar, ponemos hincapié en la libertad de campaña por parte de los partidos polí­ticos, es decir, el acceso de las propuestas polí­ticas al electorado. También en la transparencia y en la neutralidad del trabajo desarrollado por el organismo encargado de organizar y de arbitrar el proceso electoral, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. También hacemos hincapié, en los hechos de violencia que puedan aparecer vinculados con el proceso electoral y en la responsabilidad de los actores polí­ticos y de sus reacciones ante estos hechos de violencia.

-En los últimos meses se han producido varios asesinatos de miembros de partidos polí­ticos Si bien el Gobierno ha rechazado que tengan un carácter polí­tico, los lí­deres partidarios han señalado que estamos viviendo violencia polí­tica; incluso hubo denuncias entre los partidos que compiten este 4 de noviembre sobre vinculaciones de uno y otro con el crimen organizado y responsabilidad en los asesinatos ¿Tiene la Misión de Observación de la UE una opinión sobre este tema?

Lo primero que hay que señalar en este punto, y la Misión lo ha venido denunciando sistemáticamente, desde el inicio de la primera vuelta, es que ya van acumulados en total, más de 50 asesinatos de candidatos en las Corporaciones Municipales, o de personas vinculadas directamente a los partidos. Segundo, estas muertes, desafortunadamente han salpicado a todos los partidos polí­ticos. Cualquier muerte cuya ví­ctima sea una persona que de una manera u otra está vinculada al proceso polí­tico, debe ser prontamente esclarecida por las autoridades competentes. Serí­a bueno que también las autoridades judiciales reclamaran algún tipo de celeridad en la instrucción de estos procesos. Y esto, porque la campaña electoral es un ámbito de conflicto regulado y debe ser pací­fico. Cada vez que se produce algún asesinato que pudiera tener una cobertura polí­tica, lo que es interesante para la estabilidad del proceso, es su pronto esclarecimiento, de manera que el público tenga acceso a verdades oficiales contrastadas y documentadas para evitar que existan especulaciones, incriminaciones o acusaciones no basadas en investigaciones policiales ni judiciales, que pueden poner pólvora en una situación potencialmente explosiva. En ese sentido, hacemos un llamado a las autoridades competentes para la investigación de estos hechos, de los últimos asesinatos y de los anteriores; y recomendamos prudencia a los lí­deres polí­ticos en sus manifestaciones públicas a la hora de sacar conclusiones precipitadas en el ámbito de la contienda electoral.

-Ustedes presentaron un primer informe preliminar. De cara a la celebración de la segunda vuelta, ¿hay algunas recomendaciones que la Misión haya hecho al TSE para mejorar algunos de los mecanismos de voto o de los procesos utilizados en la primera elección?

Hemos presentado al TSE nuestra preocupación por la falta de información en lenguas indí­genas. Esto evidentemente, es algo que creo que debe ser corregido para la segunda vuelta, y vemos con buenos ojos la respuesta del TSE de hacer campaña en al menos 13 de los idiomas indí­genas más hablados. La otra recomendación está vinculada al refuerzo de las medidas de seguridad donde se han producido altercados de importancia durante la primera vuelta, para evitar que se reproduzcan en la segunda. En este sentido, la Ministra de Gobernación nos ha platicado sobre los planes para el próximo 4 de noviembre.

-Hablemos ahora del padrón electoral, un tema fundamental. Algunos analistas y sectores sociales han hecho crí­ticas respecto a la falta de cifras oficiales en cuanto a la constitución del padrón. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Esto tiene varas causas. La primera es el hecho que el empadronamiento sea voluntario y no automático. Eso se puede sustituir por un sistema automático que es mejor, porque es más inclusivo, requiere unas reformas previas que hemos recomendado en nuestro informe preliminar y que es ya un clamor entre todas las misiones de observación y el propio Gobierno a través del RENAP. Los problemas que se han planteado hasta ahora están vinculados al hecho que el documento básico para la conformación del padrón sean las cédulas de vecindad, que son emitidas por cada una de las municipalidades, eso quiere decir que es un sistema descentralizado y no coordinado con el de la emisión del documento único. Eso hace que cuando se confecciona el padrón se tenga que recurrir a fuentes muy diversas y ha dado lugar a duplicaciones de cédulas, a que existan algunas personas que están registradas en varios municipios y puede dar lugar a manipulaciones. No creemos que en términos sustantivos esto haya afectado los resultados de las elecciones, pero sin duda, ha impedido que exista un cruce de datos entre los diferentes municipios que permita depurar el padrón electoral. El TSE no ha tenido la capacidad para hacerlo, porque depende del documento previo que ellos no realizan. La propuesta es clara: documento nacional de la identidad realizado con todas las garantí­as tecnológicas de no duplicación ni falsificación, y registro nacional de personas, que permita en todo momento saber cuántos guatemaltecos tienen 18 años y entran en el padrón. Además, ese documento debe ser gratuito, porque de otra manera estaremos excluyendo a algunos sectores de su acceso y el registro deberí­a ser automático.

-Hace algunos dí­as el Vicepresidente de la República hací­a énfasis en la necesidad de hacer reformas para garantizar la fiscalización de los fondos hacia las campañas de los partidos polí­ticos. Afirmaba que habí­a muchos partidos con financiamiento vinculado al narcotráfico y el crimen organizado. ¿En el mandato de la Misión de la UE se tiene contemplada una evaluación a la Ley Electoral y de Partido Polí­ticos y cómo se aborda el tema de la fiscalización?

Es uno de los elementos centrales en nuestra metodologí­a de observación. Las campañas son un caro ejercicio de libertad, por lo que para satisfacer la necesidad de igualdad de condiciones, para que sea posible la confrontación electoral de manera justa, es necesaria la fiscalización de la financiación. Una de las recomendaciones es que se mejore el marco regulatorio de la fiscalización de los gastos de los partidos, aunque tenemos que reconocer, que el nuevo reglamento los contempla por primera vez para este proceso; esto ha supuesto un avance ante la total ausencia de regulación que existí­a en el pasado. No sólo se refiere al marco regulatorio, sino a las capacidades efectivas del TSE para llevar a cabo las investigaciones tan complejas como hacer un estudio serio del gasto de campaña y del origen de los fondos, que evidentemente en el caso de Guatemala es un asunto polémico. Uno de los caminos posibles es una cooperación reformada durante el perí­odo de la campaña electoral entre el TSE y la Contralorí­a General de Cuentas para utilizar recursos del Estado en materia de investigación.

-En el tema del financiamiento y a la luz de experiencias de otros paí­ses, ¿es una solución viable un mecanismo para que sean fondos del Estado los que se prevean para las campañas de los partidos polí­ticos?

Es viable sin duda. Existen tres tipos de sistemas, el puramente privado que funciona en Guatemala, existe un sistema mixto, que es el más común en Europa, y sólo en algunos casos, el sistema público. En cualquier caso, independientemente de dónde vengan los recursos, si del Estado o que el Estado pague por voto, es interesante que exista un control y una regulación del origen de los fondos de los partidos. Que exista al menos, una clara transparencia de los fondos. Que Guatemala pase a un sistema mixto para las campañas polí­ticas serí­a una propuesta interesante de estudiar por el futuro Gobierno y Congreso. Nosotros respetamos el principio de soberaní­a, siempre y cuando, estén de acuerdo con los estándares internacionales mí­nimos.

-Numerosos sectores sociales plantean que hay que hacer reformas electorales que permitan dentro de los partidos polí­ticos dar mayor inclusión a la participación femenina, a los pueblos indí­genas, incluso se ha hablado del tema de las cuotas. ¿Puede contarnos algunos ejemplos de otros paí­ses en donde se garantice a través de mecanismos electorales mayor inclusión polí­tica de estos sectores?

Existen varios ejemplos, quizá donde mejor se vio fue en Ruanda donde se estableció un sistema de cuotas que permitió un incremento de las mujeres en los puestos representativos. Ahora bien, el hecho que se hable del tema en Guatemala es positivo porque pone sobre la mesa desigualdades fuertes en la participación, y esto es un hecho. Cuando analizamos la proporción de mujeres o de guatemaltecos miembros de los grupos indí­genas en los cargos de representación parlamentarios, las cifras son del 12 o 13 por ciento, lo cual no representa su peso en la sociedad. Naturalmente, la UE verí­a con muy buenos ojos una solución positiva para incrementar la participación de las mujeres y de los indí­genas.