A nivel centroamericano no son muchos los expertos en derecho de integración y tampoco son numerosas las personas que pueden considerarse expertos en derecho internacional; sin embargo, el hecho de no dominar una materia jurídica no exime de responsabilidad y obligación de conocer la ley.
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El Protocolo de Tegucigalpa, suscrito en julio de 1991, es norma de derecho internacional y obligatoria su observancia para los estados centroamericanos y en particular para Guatemala. Es inconcebible que quienes han tenido el honor de ser decanos en las facultades de Derecho o ser docentes, especialmente de derecho internacional, puedan pretender, mucho menos resolver en cualquier acto sin observar estas normas.
El Colegio de Abogados, las asociaciones profesionales, especialmente aquellas que dicen respetar y defender la Constitución, los profesionales colegiados e incluso los estudiantes de derecho, tienen la obligación profesional, legal y moral de buscar la verdad, especialmente cuando por motivos políticos o personales se realizan hechos de ceguera jurídica.
La experiencia y la madurez que permite esa experiencia, por ser parte involucrada y por supuesto interesada en el tema, me había inducido a abstenerme de opinar al respecto, pero la «caja de Pandora» se abrió y ello me obliga, me da el derecho de insistir que el tema ya no puede ser ignorado. Por ello recurro a emplazar e invitar a los profesionales y a las entidades que los agrupan como abogados, para que asuman su responsabilidad, analicen y se manifiesten.
No son las personas las importantes, no son los odios o los cariños los que pueden guiar nuestro análisis y nuestro razonamiento. El símbolo universalmente aceptado en la profesión de abogados es la balanza, apliquemos el símbolo, determinemos ecuánimemente si procede la resolución o sentencia que la Corte de Constitucionalidad emitió en relación a los planteamientos de los abogados Ricardo Sagastume Vidaurre (director Ejecutivo de la Cámara de Industria) y Alfredo Skinner Klee (dirigente político de gobierno y funcionario ante el Banco Centroamericano) que representaron sus acciones en los expedientes acumulados 12-2004 y 213-2004 que produjeron la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 20 de julio de 2004.
Profesionalmente es importante para mí que la verdad brille, que demos un paso más en la búsqueda del bien común y del pleno Estado de Derecho. La democracia perfecta no existe, pero la democracia que existe en nuestro país está retrasada y no debe mantenerse estática. El horizonte nunca se alcanza, las instituciones de profesionales, quienes las dirigen transitoriamente, quienes las integramos debemos permanentemente caminar hacia ese horizonte.
Los griegos y los romanos iniciaron el camino de la búsqueda de la democracia y el Estado de Derecho. La lámpara de Diógenes no puede apagarse, es parte de la obligación que tenemos que entregar quienes nos encontramos al final de una existencia. La luz debe mantenerse encendida y entregársele a las nuevas generaciones para que cada día más brille la verdad.