Angustiados porque no recibirán a fin de este mes las dietas por el “trabajo” en las comisiones legislativas, algunos diputados encampanaron a Manuel Barquín para que presentara un recurso de amparo para interrumpir la interpelación del Ministro de Cultura. Cientos de leyes y asuntos esperan la atención de los diputados y nadie pensó en una acción frívola para interrumpir legalmente la interpelación, pero la falta de pago de dietas fue motivo y razón suficiente para que se presentara el memorial respectivo y la Corte de Constitucionalidad metió su cuchara donde no debía, otorgando un amparo provisional.

La ilegalidad de la resolución de la Corte, por mucho que apenas haya dicho que los diputados “podrían” elegir a las comisiones, es manifiesta, pero lo interesante es que la misma abre una caja de Pandora porque a partir de ahora los magistrados estarán calificando cuándo el trabajo del Congreso vale la pena, qué es importante y qué no, para instruirlos sobre cómo deben proceder. Al diablo la independencia de poderes, por un lado, pero también la clara norma constitucional que regula las interpelaciones.
 
 Lo que ni Barquín ni sus asesores o los diputados que le pusieron los patines vieron, es que con ese tipo de resoluciones la Corte se está metiendo en linderos que el día de mañana pueden dar pie para que, ante el clamor popular que igual detesta las interpelaciones que detesta a los diputados, se disponga una depuración. Porque, como con todo en la vida, el primer paso es el más difícil y los demás se vienen de rodado. Sometido el Congreso a la majestad de una Corte de Constitucionalidad que no reconoce límites en su accionar, puede ordenarse que se proceda a integrar un nuevo Congreso porque está visto que lo que menos toman en cuenta los magistrados es la letra de la misma Constitución.
 
 Y seguramente recibirán el aplauso unánime de un pueblo que está harto de interpelaciones inútiles, pero también de diputados inútiles. La comunidad internacional no podrá meter su cuchara en un asunto resuelto por el tribunal constitucional de la República de Guatemala, sobre todo si está sentado el precedente de que el pleno de diputados tiene que acatar resoluciones absurdas y manifiestamente ilegales de la CC.
 
 Fue tanta la ambición de los diputados por cobrar sus dietas por “trabajar” en las comisiones legislativas que no se dieron cuenta que estaban orillando al mismo Congreso al borde de un precipicio porque se pidió a la Corte de Constitucionalidad que decida cómo debe trabajar el Congreso. Y como es obvio que el trabajo no agrada a nadie, no será remoto que venga la escoba para promover una limpieza total.

Minutero
El Congreso sometido
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