Uno de los temas candentes a lo largo de todo este año ha sido el drama de los inversionistas que perdieron su capital con la intervención de los Bancos del Café y de Comercio y cuyas esperanzas de recuperar el dinero se van esfumando conforme pasa el tiempo. En ambos casos hay una responsabilidad ineludible de la Superintendencia de Bancos porque en el primero el titular de esa dependencia se esmeró en salir públicamente a propagar la solidez del Banco del Café cuando circularon rumores sobre posibles problemas y en el segundo no cumplió con su responsabilidad al permitir que se utilizara el área supervisada del Banco como gancho para emitir títulos y atraer inversiones que irían a parar a fondos no garantizados.
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En el caso del Banco de Comercio ni siquiera puede decirse que los accionistas hayan ocultado sus operaciones o que las hicieran de forma clandestina, puesto que en las mismas instalaciones del Banco y utilizando papelería que daba a entender que todo estaba amparado por el Banco, se realizaban transacciones que los clientes creían totalmente aseguradas pero que no tenían ningún tipo de respaldo. De ello tuvo noticias la superintendencia oportunamente y lejos de frenar la ilegalidad y denunciar el fraude, decidió no hacer nada.
Ahora que se viene un cambio de gobierno, creo que es indispensable analizar el caso del Superintendente de Bancos porque definitivamente no puede ni debe seguir en el puesto dados los antecedentes. En cualquier país del mundo donde prevalezca el estado de derecho, un funcionario que incumple sus responsabilidades y que por ello provoca daños irreparables a parte de la población, tiene que rendir cuentas y asumir las consecuencias legales, tanto en lo penal como en lo civil, de su incapacidad. En Guatemala ya sabemos que vivimos en el paraíso de la impunidad y si los accionistas de los bancos no tienen que rendir cuentas a la ley, menos lo hará el funcionario que por mandato legal tenía la responsabilidad de controlar y vigilar las operaciones de las entidades financieras.
Pero si bien este gobierno de alguna manera tiene que apechugar con el funcionario porque, al fin de cuentas, ellos lo pusieron en la responsabilidad de ser el garante de la seguridad de las operaciones financieras, el próximo gobierno no puede correrse el riesgo de que una entidad tan importante quede en manos tan poco calificadas. Cierto es que muchos de los principales dirigentes de la banca nacional dirán que hay que respetar los plazos y que debe honrarse el nombramiento extendido a favor del licenciado Zapata, pero honestamente hablando y en nombre de todos los que perdieron hasta el último centavo de sus ahorros en esas operaciones lamentables, hay que decir que sería un grave error del nuevo gobierno no tomar siquiera medidas administrativas para empezar a corregir las cosas en la Superintendencia de Bancos.
Yo he tenido en mis oficinas a varios de los clientes burlados y da pena y vergí¼enza ver la forma en que son tratados y cómo nadie termina siendo responsable del fraude. Creo que hay que empezar a sentar precedentes en Guatemala y que los funcionarios tengan que responder por sus acciones o por sus omisiones porque no puede ser que sigamos con la misma cantaleta de impunidad garantizada para todos.