Si la búsqueda de menores desaparecidos es una preocupación constante en el país y un problema que crece cada año, hay complicaciones que se presentan ante las autoridades y los activistas por los derechos de la niñez, que representan grandes desafíos: la escasez de presupuesto, la falta de presencia del Estado y los robos internacionales de niños y niñas.

El Sistema de Alerta Alba-Keneth en Guatemala nació producto de dos desapariciones de menores registradas en el país. La primera de ellas, la de Alba España, una niña de 8 años de edad que vivía en Camotán, Chiquimula y que desapareció el 14 de junio de 2007. Para mala fortuna de sus padres, 24 horas después se encontró su cadáver.

Otro caso fue, Keneth López, un niño de 4 años de edad, originario de Jalapa, quien desapareció el 16 de diciembre de 2009, y su cuerpo fue encontrado degollado y enterrado en el patio de una casa”.

En ese contexto, el Congreso de la República promulgó en septiembre de 2010, la ley que cambió de fondo la manera de buscar niños desaparecidos o sustraídos en el país, que como resultado desembocó en el Sistema de Alerta Alba-Keneth, aunque la misma trajo consigo algunos vacíos legales al principio, según activistas y defensores de los derechos de la niñez.

Y es que Guatemala es considerado como un país de origen, tránsito y destino de niños objeto de robo y trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, según un informe sobre trata de personas elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El documento señala que en Guatemala, México y los Estados Unidos existen niños guatemaltecos y de otros países centroamericanos que son objeto de explotación sexual comercial, y niños guatemaltecos sometidos a trabajo forzoso en la agricultura y el sector de la confección, siendo sustraídos de los países de origen por redes de delincuencia organizada.

En ese sentido, durante 2013 la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth de la Procuraduría General de la Nación (PGN) continuó con la coordinación de la respuesta interinstitucional a las sustracciones y desapariciones de niños, niñas y adolescentes; ese año estaban activas 5 mil 513 alertas en todo el país.

Entre 2011 y 2013 existió un crecimiento del 158%, es decir que durante el último año se han activado 3 mil 397 alertas más que los años anteriores, dato que pone de manifiesto el aumento de casos de niños, niñas y adolescentes que han sido desaparecidos o sustraídos.

Algunas alertas registran la desaparición de uno o más menores de edad, por lo que el número de niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante 2013 es de 5 mil 985. Durante este año, el 71% eran niñas y adolescentes de sexo femenino y el 29% de sexo masculino, que se presume podrían estar siendo utilizados para fines de trata o comercialización.
 
Para la Procuraduría de los Derechos Humanos, un elemento preocupante es que el 24% de las alertas continúa activo, lo que significa que mil 408 niñas, niños o adolescentes continúan desaparecidos, pudiendo estar en riesgo.

INSUFICIENTE INVERSIÓN

Sandra Gularte, jefa de la Defensoría de Personas Víctimas de Trata, indica que uno de los retos para que la Unidad Operativa Alba Keneth no muestre los resultados esperados por la sociedad civil, es la poca inversión del Estado en el tema, pues asegura que tanto el año pasado como en el 2014, la Procuraduría General de la Nación (PGN) maneja un fondo de Q432 mil para mantener el sistema de búsqueda y rescate de menores a nivel nacional.

Esto repercute, de acuerdo con la entrevistada, en la falta de investigaciones adecuadas ligada a la escasez de personal en la Procuraduría General de la Nación, así como problemas como la corrupción y la impunidad en las personas que intervienen en el proceso de búsqueda.

Gularte manifestó, además, que si bien la Unidad Operativa está bajo la responsabilidad de la PGN, es un sistema que coordina los esfuerzos de varias instituciones como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y la Dirección General de Migración, que muestran debilidades en la articulación de las instituciones, principalmente en la búsqueda de menores en las comunidades donde el Estado no tiene mayor presencia.

“La posibilidad de coordinación a nivel local para la búsqueda y el rescate de los menores de edad en la práctica es muy poca porque no se insta a las comunidades a que se vuelquen a las calles a buscarlos. Sería una buena posibilidad el que las autoridades se acerquen a las comunidades para ubicar a los niños que aún no están en su casa, porque esto es grave”, apunta.

Finalmente, destacó que no existe “voluntad” ni “seriedad” por parte de las autoridades encargadas en investigar los motivos reales para que los niños estén desaparecidos, pues en algunos casos, declara, se ha detectado que los menores son víctimas de violencia intrafamiliar o no soportan los regaños de los padres y buscan refugio en la casa de otro familiar o de amigos y en última instancia, de la pareja sentimental.

“Este es llamado de atención al Gobierno para que le asigne más presupuesto a la Unidad Operativa porque la sustracción de menores y la desaparición va en aumento y eso conlleva a una serie de acciones con presupuesto. También para la sociedad porque la desaparición de un niño no solo es un asunto de familia o de las autoridades sino una problemática social”, indica.
 
POSIBLES ROBOS

Antes de la entrada en vigencia de la Ley Alba Keneth la venta de niños en el contexto de la adopción internacional era un gran problema en el país. La normativa fue un paso positivo en el control del proceso de adopción, pero persisten las irregularidades.

En su informe de 2012, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó que al menos el 70% de las adopciones internacionales podrían estar vinculadas a delitos o a irregularidades graves como la sustracción y comercio de niños a nivel nacional.

Asimismo, los datos geográficos del Sistema de Alerta Alba-Keneth muestran un mapa de vulnerabilidad, señalando cinco departamentos con mayor prevalencia: Guatemala el 50% (2 mil 755 alertas), Escuintla con 5% (302 alertas), Petén con 5% (291 alertas), Quetzaltenango con 5% (258 alertas), y San Marcos con 4% (205 alertas); todos estos suman el 69% del total y el resto se encuentran en 17 departamentos que representan el 31% (mil 734 alertas).

A criterio de Justo Solórzano, especialista en temas de niñez de Unicef, uno de los grandes desafíos del Sistema de Alerta Alba Keneth es el modelo actual de funcionamiento del mismo, pues considera que muchos de los casos de menores reportados como desaparecidos no están siendo desactivados, por distintas razones, entre las que destaca el hecho de que los padres no notifican cuando aparece un niño y los mismos continúan bajo investigación, aunque los casos pendientes son la principal preocupación

“Se está creando una caja de muchos casos pendientes de investigación y seguimiento. Ya hablamos con las autoridades para que se genere un proceso de revisión. El Ministerio Público está revisando algunos casos pero no es suficiente porque estamos hablando de casi 15 casos diarios. Entonces es complicado pedir que respondan si no se tiene la capacidad de respuesta”, explica el especialista.

Asimismo, Solórzano exigió que en el actual modelo de respuesta estos casos no activados se conviertan en denuncias penales y no se registren como casos administrativos, como actualmente se hace, con el fin de que se inicie un proceso judicial propiamente dicho por el MP y el Departamento de Investigación Criminal de la PNC, y empezar a deducir responsabilidades por cada uno de los casos.

A decir del representante de Unicef, esto permitiría una mayor comunicación y coordinación de las autoridades involucradas en cuanto a la capacitación en los rescates realizados y la divulgación de los casos de infantes desaparecidos, así como compartir experiencias con países vecinos, en donde se presuma están siendo trasladados los niños que son robados en Guatemala.

“Esto invita a pensar en que también hay que formar y contratar policías especializados en investigación y es este es un planteamiento que como Unicef ya hicimos a las autoridades del Ministerio de Gobernación. Estamos esperando la respuesta institucional para lograr que se forme este grupo elite y se le dé seguimiento a estos casos”, puntualiza.

PASOS CIEGOS

La Procuraduría de los Derechos Humanos estima que actualmente existen 90 pasos ciegos entre la frontera de Guatemala y México, donde estructuras criminales dedicadas a la trata de personas aprovechan para entregar a niños que son robados en el país, a una estructura internacional.

Vladimir Aguilar, Procurador General de la Nación, compartió este criterio y comentó que estas estructuras están sumamente organizadas, por lo cual  se les facilita cometer estos hechos ilícitos ante la poca presencia estatal que existe en algunas regiones fronterizas del país.

Precisamente una niña guatemalteca, de 40 días de nacida, había sido robada de los brazos de su madre hace unas semanas en San Marcos, pero días después fue recuperada en territorio mexicano.

Según la fiscalía del estado de Hidalgo, la localización de la menor fue posible gracias a la coordinación interinstitucional de las autoridades mexicanas, a quienes se les había notificado de la Alerta en Guatemala.

En aquel momento, autoridades de Guatemala ofrecieron información en conferencias a la prensa  sobre su supuesto logro en el hallazgo de la menor de nombre Valentina; pero no así con los cientos de casos de niños que permanecen sin respuesta, pues no han sido desactivadas las alertas que se realizaron tras su desaparición.

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, afirma que en estos casos es importante contar con la suficiente evidencia de que efectivamente se trata de la sustracción ilegal de un menor y no actuar bajo sospechas de que pudo haber sido sacado del país, como actualmente sucede con las instituciones que conforman el Sistema de Alertas Alba Keneth.

“Es un poco de lo que pasó con los hermanos Siekavizza; que hasta que se tuvo información fidedigna de que estaban en México fue que se logró la recuperación de los menores. Aun con la publicidad mediática que tiene el caso, es por eso que los menores no habían podido ser ubicados”, subraya.

La activista y defensora de los derechos de la niñez enfatiza que existe un gran porcentaje de niños quienes sufren algún cuadro de violencia intrafamiliar y por lo tanto buscan opciones de escapar y se van con otro familiar. En otro rubro, asegura, están también los jóvenes que han sido captados por las maras y que abandonan la casa para empezar a operar con estas estructuras.

Y finalmente, existe otro grupo de menores que han sido afectados por la disputa de custodias en los tribunales de justicia y por ende son más vulnerables en caer en manos de las redes de trata de personas en el país.

Ante esto, Fundación Sobrevivientes recomendó fortalecer programas de prevención de violencia así como de divulgación de los casos a través de las distintas herramientas de comunicación, para motivar la participación ciudadana en la búsqueda y rescate de los niños reportados como desaparecidos; así como mejorar los controles migratorios en las fronteras para impedir el paso de un menor que fue sustraído de manera ilegal en el territorio nacional.