Hay sociedades en las que la responsabilidad por la educación de los más pequeños está a cargo de las personas más formadas. Por lo general los maestros de esos niños que empiezan a abrirse paso en la educación formal son altos profesionales con las mayores calificaciones y capacidades para esa tarea, la de formar el futuro. Eso demuestra la apuesta estratégica en el largo plazo de esos Estados. Aquí es todo lo contrario.

Durante casi dos meses se ha desarrollado un conflicto entre alumnos normalistas y autoridades educativas, lo que significó la toma de al menos 18 institutos normales de educación pública, cuyos estudiantes se mantuvieron en pie de lucha, sosteniendo argumentos relevantes sobre la propuesta de Formación Inicial al Docente, elaborada por la Mesa Técnica, que el Mineduc implementó para tal efecto. La interpretación chambona y prejuiciosa de la chapinada alardea “estudiantes haraganes”. Una mirada más profunda descubre fácilmente una brutal realidad; van aquí tres elementos políticos sobre el conflicto en cuestión y sobre la educación en Guatemala que no son nuevos, son endémicos. En primera instancia, la falta garrafal del Gobierno de no hacer expedita la información, sobre todo a los interesados directos. La primera respuesta fue palo y mano dura, “denles reata” ordenaba Gobernación en el puente, luego sobrevino el diálogo. En el mismo orden de ideas, no se conoce con claridad la postura del Gobierno, no hay documentos accesibles, la Ministra de Educación no es la primera que ha salido a aclarar o a explicar, ha sido sus Viceministros. Estamos por tanto a merced de la interpretación de los medios de comunicación masiva, que construyeron un imaginario del conflicto que pasa por la criminalización de los jóvenes, por el prejuicio de hacerles ver como haraganes y revoltosos, y a sus padres como alcahuetes. Esto solo constata, el material con el que está hecha esta sociedad, conservadora, individualista y reaccionaria. Al final se impone una falsa verdad inducida por los medios tendenciosos a partir de la cual el gobierno “buena gente” les dio la oportunidad a esos “vándalos”, nada más lejano de la realidad. Lo que ha privado es una racionalidad política del Gobierno de apropiarse de un proceso de reforma educativa que empezó hace varios años. Lo mismo parece acontecer en el desarrollo rural y en el desarrollo social. Segundo elemento, de todos es conocido el retraso en los índices, tanto cualitativos como cuantitativos de la educación en Guatemala. No hay sociedad que avance sin servicios de salud y educación de primera, por más riqueza natural y cultural que tengamos. Si el Presupuesto General de la Nación no dedica la mayor prioridad y cantidad de recursos a los rubros de estas políticas públicas, jamás saldremos del atolladero. Nótese por el contrario, la preocupación de la empresa privada por estos retrocesos, quienes han empezado a destinar recursos para campañas asistencialistas para la educación y la nutrición infantil, en vez de fortalecer el Estado. Su ansiedad para nada casual, es el riesgo de ver sus ganancias mermadas por generaciones completas que están condenadas a la tara y a una pobre y mediocre capacitación. La ciencia de la pedagogía ha dejado de ser objeto de estudio en educación universitaria y le ha dado paso a la administración educativa, no es lo mismo transformar la educación que manejarla. El tercer elemento tiene que ver con el agente por antonomasia de la educación, el maestro. Antiguamente considerado como una profesión por vocación, un referente comunitario, un líder a quien seguir; hoy está devaluado por su reticencia para formarse, por un pobre conocimiento empírico y por su individualismo gremialista que desdice aquella vieja tradición de compromiso comunitario. Así de brutal es el presente de la educación.