Oficialmente se informó que no hubo acuerdo en la comisión nacional del salario que discute anualmente para cumplir con la obligación de fijar salario mínimo y eso significa que la decisión final recaerá en el Presidente de la República. No se puede ocultar que se trata de una brasa enorme para el mandatario, porque tan importante es la presión de los trabajadores para lograr un incremento al mínimo de sueldo legal, como la oposición de los empresarios que consideran que ello les eleva mucho los costos de producción.
En los últimos años se ha tomado la salida más fácil, que es dejar el salario sin ajustes argumentando falazmente que el mismo tiene que fijarse bajo un intangible e indefinido concepto de productividad que tendría que irse estableciendo por cada una de las actividades económicas. La ley, sin embargo, establece que anualmente se debe fijar un salario mínimo y delega la facultad para discutirlo a comisiones paritarias de trabajadores y empleadores con la participación de la autoridad representada por el Ministerio de Trabajo.
Por supuesto que nunca hay acuerdo porque las diferencias son abismales. Uno supondría que esas grandes diferencias son para «negociar» y que conforme se produce el diálogo se van acercando las posiciones hasta llegar a propuestas realizables y razonables. Pero en Guatemala no hay puntos de acuerdo al respecto y por lo tanto al final la decisión siempre termina siendo del Ejecutivo y concretamente del Presidente de la República que debe determinar si sube el salario y en cuánto es que se incrementa.
Es indiscutible que el costo de vida ha subido en forma muy preocupante en los últimos cinco años en los que no ha habido modificaciones al salario mínimo. En opinión de muchos empresarios, la mayoría de trabajadores ya gana más del salario mínimo, pero aún así hay fuerte oposición al incremento bajo la idea de que ello afectará la capacidad de producción y hasta podría generar desempleo. La verdad es que las empresas se tienen que ajustar actualmente a una escala de costos variable y aumentos en uno más de los factores de producción que deben manejarse con los mismos criterios que se aplican cuando sube, por ejemplo, la materia prima o los costos de transporte.
Imposible será llegar a un aumento de salario superior al cien por ciento, como piden los trabajadores organizados y por ello el Gobierno al final no quedará bien ni con unos ni con otros, pero eso no debe ser obstáculo para que con base en criterios combinados de justicia y de conveniencia económica, no adopte una postura.