Los nuevos vientos a favor de la democracia que actualmente hay en la región han reivindicado la vigencia de los derechos humanos individuales como el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de expresión, el derecho a la justicia y otros. También han puesto al descubierto el impresionante rezago de los derechos económicos y sociales. La debilidad de la democracia del podrido sistema capitalista ante las demandas de la sociedad en materia de empleo, de tierra, salarios, educación, salud, alimentación y vivienda, es una de las principales causas de la delincuencia y de las crisis de gobernabilidad.
Los procesos de democracia política de Europa se construyeron de la mano con notables avances en la equidad social. En América Latina, el ejercicio democrático se desarrolla en condiciones de agudización de las desigualdades sociales.
En el caso de Guatemala, no cabe duda que el actual presidente ílvaro Colom tiene algunas buenas intenciones para atenuar esas desigualdades. A pesar de muchos errores, son notorios algunos de sus esfuerzos para la protección de los derechos económicos y sociales de los sectores populares, pero casi desde la primera semana de su administración ha enfrentado un ambiente adverso de parte de sectores poderosos que tratan de estigmatizar sus acciones de gobierno.
Objetivamente hay que reconocer que el nuevo Presidente de Guatemala está librando una recia batalla de ideas al tratar de proteger el derecho a la salud, desde el momento en que ordenó la atención gratuita de todas las personas en los hospitales nacionales, prohibiendo los cobros disfrazados de donativos. Al mismo tiempo, es evidente su preocupación por estimular la plena vigencia de los derechos sindicales al dar luz verde ayer al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sindicales representativas del magisterio nacional, lo que sin duda es un hecho sin precedentes en la historia contemporánea.
Desdichadamente, el espacio de maniobra del presidente Colom es muy limitado, pues se encuentra al frente del gobierno de un Estado débil que en los últimos tiempos fue secuestrado por las élites económicas que son las que deciden qué es lo que se hace y lo que no se hace. La decisión del Primer Mandatario, luego de una reunión con los jerarcas de la empresa privada (CACIF), de dar marcha atrás en algunas medidas para mitigar la carestía de la vida como la de los precios topes y promover algunas mejoras salariales, sólo confirma que el Presidente se encuentra prisionero dentro de una jaula de oro y que el verdadero poder del país sigue en manos de los grupos oligárquicos.