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Considerando la situación de violencia e inseguridad. ¿Cree que el paí­s está tocando fondo o hemos estado peor?

En mi experiencia personal, he vivido momentos más difí­ciles que estos, pero con distintos matices. Nunca hubo un momento más doloroso que la época en la que no habí­a Estado de Derecho, ausencia de garantí­as y dictaduras militares. Esos fueron, personalmente, los peores momentos que vivió el paí­s. En esos dí­as vivimos diariamente con noticias de muertes y la práctica de la desaparición forzada, que al final generó mucho sufrimiento y dolor en las familias guatemaltecas. No habí­a elecciones libres y la sociedad estaba literalmente paralizada, sin embargo y haciendo un sí­mil con ese momento, dirí­a que la situación se está empezando a asemejar a la que se vivió en los años ochenta, así­, tan dantesca como en ese momento. ¿Por qué? Porque está muriendo casi el mismo número de personas que perdieron la vida en el conflicto armado. Tenemos un cáncer social que se enraizó en el paí­s hace más de 20 años, y se llama crimen organizado y que no tiene rostro; en los ochentas habí­a un rostro visible y se sabí­a quienes eran los que estaban generando esta situación; hoy, no y eso es más doloroso. Por otro lado, el dinero fácil embeleza y convence a la nueva generación; no me refiero a todos los jóvenes, pero si a aquellos que no han tenido oportunidades, que ante un Estado irresponsable, encuentran una forma fácil de vida en las pandillas, en donde tienen empleo, armas y drogas a cambio de realizar extorsiones y asesinar. Lamentablemente, una sociedad hedonista sucumbe fácilmente al dinero fácil. He escuchado a jóvenes que dicen que prefieren vivir 5 años intensos, que 25 de angustias.

En medio de este escenario, ¿Observa algo positivo en el paí­s y en el Gobierno?

El Gobierno tiene una propuesta positiva. Aunque no era parte del plan de 100 dí­as, ni de la propuesta programática del partido de Gobierno, veo positivas -irónicamente- las propuestas de los programas sociales. Me parece interesante la existencia de doce propuestas alrededor de Cohesión Social: Mi Familia Progresa, Bolsa Solidaria, Becas Solidarias, Escuelas Abiertas y Comedores Solidarios, entre otros. Si yo pudiera darles operatividad también les daba secuencia. El problema es que se ha hecho un mal uso de la pobreza.

Usted se ha caracterizado por se una activista contra la violencia y los derechos humanos. ¿Por qué cree que los guatemaltecos no reaccionamos al uní­sono ante los males que nos rodean?

En los años ochenta ocurrí­a lo mismo. Diariamente mataban y secuestraban gente, y la sociedad se encerró en sí­ misma. Cuando aparecí­a un cadáver decí­an: «en alguna cosa debió haber estado metido». Se busca siempre una excusa para que haya razón en lo «sin-razón», como en la muerte. Este es un paí­s indiferente frente al dolor de los demás; es también una sociedad egoí­sta e individualista, porque no se piensa en los demás. Lo que paso en los ochenta hoy se repite. Si muere alguien dicen que fue pandillero, o cuando se trata de un piloto, se dice que la muerte se debe porque está en el oficio de manejar camionetas. Además, somos una sociedad ví­ctima de la cultura del terror y todaví­a no hemos salido de eso. Nosotros, los que vivimos el terror, no quisimos que nuestros hijos, las nuevas generaciones, lo vivieran. Entonces los mantuvimos alejados de esa realidad.

Usted se ha caracterizado por pedir transparencia. ¿Cree que la hay en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial?

No. Por supuesto que no. Y la ausencia de transparencia es uno de los grandes problemas que no permite el desarrollo del paí­s.

Conocemos los temas en su agenda, pero ¿podrí­a condensar cuales son los grandes problemas que la ocupan en el Congreso?

Divido la agenda legislativa en tres vertientes. La primera está integrada por las iniciativas de ley que tienen relacionadas con seguridad, justicia y satisfactores sociales. La segunda es intermediar en los conflictos que cotidianamente vive la sociedad guatemalteca, y en los cuales es mi deber -como servidora pública- apoyar a los ciudadanos para solucionar problemas de interés colectivo. Y la tercera vertiente es la fiscalización del presupuesto nacionales en términos generales, pero también la fiscalización de los doce programas de Cohesión Social, en términos especí­ficos; por la razón de que los apoyo, también creo que deben tener controles y regulaciones.

¿Cómo se pueden transparentar los programas sociales y hacerlos sostenibles?

Hay que crear legislación, para que los programas no sean sólo acuerdos de ocurrencia gubernamental sino que sean imperativos. También necesitan de un ente rector; de los doce programas de Cohesión Social, sólo cinco tienen estructura programática, es decir, que se pueden fiscalizar medianamente. Y muy importante es que los programas tengan un presupuesto propio porque cada vez están generando más presión fiscal. La pobreza es fuerte; de 200 mil beneficiarios, se incrementó el número a 400 mil y ahora ya van en 519 mil, entonces, si no tienen su propio presupuesto se van a estar sacando fondos de los presupuestos de educación, salud y eso provoca un desbalance financiero en el Estado. También es importante es imponer metas para saber qué impacto han tenido, en educación y salud para los niños, y a la par de ello, agregarí­a el aprendizaje de un oficio para los adultos, y que no tienen que creer que van a recibir las transferencias por siempre.

¿Cree avanzarí­an iniciativas para legislar sobre los programas sociales?

Es difí­cil, sinceramente. Yo creo que esto es a posteriori.

¿Por qué cree que serí­a difí­cil?

Porque muchos están en contra de los programas sociales, por razones varias. Algunos en el Congreso no creen en los programas y otros porque les preocupa que sirva de beneficio clientelar para el Gobierno. Mi preocupación es que los beneficios de los programas realmente lleguen a la gente que los necesita, lo cual no ocurre muchas veces.

Si no siempre llegan los beneficios a las personas, ¿en dónde se quedan?

Mucho dinero si llega a la gente, y serí­a injusto no reconocerlo. Pero alguna parte del dinero se queda en los coordinadores, que han llegado a duplicar documentos de identificación, como lo denuncié en mayo y recientemente salió a luz. Algunas personas se dedicaron, junto con gobernadores y alcaldes, a dar dobles documentos a las personas para tener dos bolsas solidarias y dos transferencias; de esto hay denuncias en el Ministerio Público. Pero mucha de la ayuda si va a la gente que más lo necesita. Es difí­cil comprender los programas sociales, porque la ausencia de ciudadaní­a no nos permite entender que es una obligación del Estado.

¿Cree que habrí­a una iniciativa del propio Ejecutivo para transparentar los programas?

No creo. Pese a entender que los programas pueden ser muy positivos para salir de la pobreza, no se ha visto una voluntad de transparentar los programas, lo que si se ha visto con claridad es el interés por aumentar el volumen de los proyectos.

¿Por cree que hay temor por la transparencia y la fiscalización?

Hay una simple causa. Las 519 mil personas beneficiarias de los programas sociales son afiliadas de determinados partidos, especialmente del partido de Gobierno. Habí­a una encuesta de diagnóstico de la realidad, en términos de seguridad alimentaria, pero la ignoraron y a través del Instituto Nacional de Estadí­stica le han inyectado una gran cantidad de fondos a los estudios de Cohesión Social. Ahora le están inyectando 20 millones de quetzales para que hagan estudios en Quetzaltenango y Retalhuleu, porque con eso buscan detectar quien es la gente que les conviene que sea censada. A los que quieren ser beneficiarios de los programas los mandan a empadronarse previamente.

¿También piden a los beneficiarios su filiación al partido oficial?

Eso no lo puedo comprobar, porque la afiliación polí­tica es un dato sensible. Pero si pude comprobar que todos están cedulizados, empadronados y que muchos ya tienen DPI.

¿El número de afiliados en el partido de gobierno ha aumentado con la implementación de los programas sociales?

Sintomáticamente, cuando se empezó a dar la transferencia condicionada, empezó también a elevarse el número de afiliados. No se detectó claramente que los beneficiarios se afiliados, pero si lo entendí­ como parte de su juego. Inicialmente no fue sólo en el partido de gobierno, sino que los partidos que estaban aliados fueron los que se beneficiaban de esa transferencia. Y sólo beneficiaban a sus propios afiliados, por supuesto que mucha de esa gente es pobre.

¿Hay una estrategia electoral clara detrás de los programas sociales?

El Presidente (ílvaro Colom) viajó a Brasil y vio como los programas de transferencias condicionadas han representado un éxito enorme para el presidente Lula da Silva, a quien le mejoro su imagen. Ya siendo presidente, Colom traslada a Guatemala este experimento, pero todaví­a sin estructura, sin orden y con la idea clara de captar votos.

Usted mencionó que los programas sociales deben integrales y por eso, deberí­an representar mejoras en el aprendizaje y la salud en la niñez. ¿Por qué no vemos una inversión en escuelas, hospitales y demás servicios públicos?

Esto era parte de lo que habí­a dicho ílvaro (Colom); en la educación gratuita se iba a tratar de mejorar las condiciones, pero vemos cómo los maestros tienen que traducir conocimientos, pero no ha seguido profesionalizándose, y eso repercute en la niñez. Es necesaria la dignificación a la par de la educación.

En el tema de Mi Familia Progresa ¿Se han solicitado las boletas de pago?

El dinero se está dando en efectivo a través de Banrural. El banco nunca ha querido que los beneficiarios firmen un documento de recibido por la transferencia, porque argumentan que es un fideicomiso el que maneja los fondos no hay una obligatoriedad de utilizar ese sistema. Ni al Contralor le han querido dar los datos. El Contralor, en su última auditorí­a, dijo que no puede auditar los programas del Consejo de Cohesión Social, ni Mi Familia Progresa ni Mi Comunidad Produce. Si el Contralor no pudo auditar entonces, ¿qué hacemos? Lo que al final hizo el Gobierno, por obligación constitucional, fue entregarme los datos.

Con estos programas ¿el Gobierno busca ayudar a la gente o asegurar una elección?

Ojalá fuera lo primero. Pero creo que es lo segundo.

¿Es una amenaza por qué usted estaba fiscalizando o un intento más de acallar a la oposición?

En términos genéricos, creo que en mi caso si hay una molestia por la fiscalización que he realizado.

Hablando de las próximas elecciones. ¿Cómo observa el desenvolvimiento de los partidos polí­ticos?

Tengo la visión de que aún no existen, como tal, partidos polí­ticos en Guatemala; aunque, obviamente, si hay partidos legalizados y formales. El fortalecimiento de los partidos polí­ticos pasa por generar identidad, principios, propuesta programática, por lo que consolidarlos va a llevar, por lo menos, unos diez años. Ahora, creo que los partidos apelan al sentimiento de indefensión que tiene la población y son coyunturales, en vista de que se preocupan sólo por ganar las elecciones próximas. La población tampoco se preocupa por estar al tanto del equipo, el programa y la ideologí­a de los partidos, sino que se deja llevar por las expectativas que levantan el ánimo.

¿Cree que eso una condición normal o han aumentado de tono los señalamientos entre oposición y oficialismo?

Quisiera verlo como algo normal, pero a veces siento que las cosas se salen de cause. Por ejemplo, tengo la impresión de que el Presidente es cada vez más confrontativo con la oposición. í‰l maneja un discurso que diferencia los pobres y ricos, campo y ciudad, buenos y malos, y se victimiza; eso penetra en el imaginario colectivo de la gente del área rural, que dice: «Es bueno y está apoyando a la gente pobre. Y por apoyar a la gente pobre, es ví­ctima». Pero dice que es ví­ctima de atentados que nunca hemos visto. Lo que si está pasando en el paí­s, es que hay una inseguridad espantosa que se está saliendo de las manos del Gobierno.

De los señalamientos contra el Presidente, él pide pruebas. Pero ¿Por qué él no ofrece pruebas de un supuesto plan de desestabilización del que tanto habla?

í‰l pide pruebas y se le han dado. Por otro lado, creo que serí­a bueno que el Gobierno presentara pruebas de los supuestos planes que existen, porque eso sólo genera temor en la población. Hay gente que siente que la campaña electoral va a ser tan violenta que va aumentar el número de muertes. Y si a eso sumamos que se dejó de tener confianza en el Documento íšnico de Identidad porque hay anomalí­as, la situación va a ser caótica.

¿Cree que los supuestos planes de desestabilización son originados por la misma raí­z del partido y sus allegados, para generar un clima de zozobra?

Sólo podrí­a venir de una mente demoní­aca y capaz de generar este caos. Yo no descarto nada y creo que hay que investigar a fondo lo que está pasado. Esto corresponderí­a al Ministerio Público, pero no tiene la capacidad investigativa ni se ha preparado para tener una inteligencia civil que le pudiese ayudar. Por otro lado, si creo que las mafias están caminando con toda libertad y eso es parte de lo que está generando este clima de terror. Las mafias han penetrado en el Estado, en todas sus instituciones y el reflejo de eso es lo que estamos viendo.

¿Qué opina de los ataques a la Prensa?

Creo que por vivir en una sociedad autoritaria y en una cultura ausente del diálogo y la tolerancia, si alguien opina, a esa persona se le considera que está haciendo un ataque. Todaví­a no estamos acostumbrados a vivir en la democracia. Lo lamento mucho, porque creo que en el presente y en el futuro la Prensa tiene un papel muy importante en la lucha por las esenciales libertades de este paí­s.

En el tema electoral, ¿Cree que el gobierno y la Primera Dama están en campaña?

Desde el dí­a en que llegaron al Poder, continuaron la campaña.

Con los problemas que afronta el Registro Nacional de las Personas (Renap), ¿podemos hablar de un riesgo de fraude en las próximas elecciones?

Quisiera creer que el padrón electoral es un número mágico y que nos va a salvar. En manos del Tribunal Supremo Electoral, el padrón electoral nos puede ayudar, sin embargo, si hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, de 5 mil empleados que tiene el Renap, se detectó que habí­a redes que vinculaban a autoridades de esa institución y alcaldes en muchos municipios. Los alcaldes se habí­an quedado con las actas de los registros civiles, cuando tení­an que entregarlos desde el año pasado. Se que habí­a, por ejemplo, familiaridad entre las autoridades del Renap y el Alcalde. Habí­a un contubernio, además de que los libros estaban rayados, tachados y me parece que serí­a muy inocente pensar que es tanta la equivocación de ponerle a una persona que nació en 1700, o que un hombre estaba casado con otro hombre. ¿Quiénes estaban digitalizando? Creo que hay cosas intencionales, porque hay errores muy burdos.

Pero, ¿Podemos tener certidumbre de las elecciones próximas?

Tenemos que confiar en que la Organización de Estados Americanos va a hacer una auditorí­a y que en base a ese estudio, a través del padrón electoral, se tiene que buscar una salida, pro que el DPI no es confiable. En este momento nadie puede confiar en el DPI.

Usted mencionó que el crimen organizado ha penetrado en el Estado, ¿Cómo se han incrustado? ¿Podemos pensar en que las mafias tienen a sus representantes en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial?

Si, y están financiando campañas. El gran problema es precisamente, no haber atacado problemas de fondo, sistémicos, como la pobreza, porque esta conviene a muchos. Algunos polí­ticos viven de la pobreza de la gente, dándoles dádivas, como granos y láminas a cambio de su voto. Eso es uno de los grandes problemas que hay en este paí­s, sin embargo creo que tenemos que confiar en el proceso electoral y tener expectativas de que las cosas van a cambiar. Y que quien llegue al poder, tiene que asumir un compromiso por «desmafiar» al Estado. Las mafias se han incrustado en las instituciones, porque los partidos tienen un precario financiamiento del Estado, y entonces son los criminales quienes les han pagado su campaña y luego, hay que pagarles su inversión de vuelta. Así­ de simple.

¿Qué pasa en las elecciones que no son por elección popular, como la de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Contralorí­a General de Cuentas? ¿Podrí­amos poner como ejemplo, sobre la infiltración en las instituciones, lo que sucedió en la elección de Corte Suprema de Justicia lo que sucedió con la participación de Gloria Torres, César Fajardo y el Rey del Tenis?

Los colegios profesionales, lamentablemente, han sido permeables a las mafias. Es sintomático cómo las candidaturas de decanos y rectores ahora se hacen a nivel nacional, con millonarias campañas que se invierten en vayas y publicidad. Eso no se veí­a antes. Por otro lado, es sorprendente ver cómo se encontró un buen negocio en hacer universidades, porque de ahí­ salen comisionados. Ha llegado al extremo la Academia de retorcer y pervertir los procesos. Ahora, un abogado -en una universidad que yo conozco- puede salir en dos años y medio, cuando tarda 7 años. Igual, con un contador público. La Universidad de San Carlos deberí­a fiscalizar. Pero eso se hace con pactos; de la Contralorí­a los mandan a estudiar a esa universidad y luego los meten en los colegios profesionales, y por supuesto, tienen compromisos.

¿El ejemplo que la CICIG evidenció en la elección de Corte Suprema y Ministerio Público, tenemos el riesgo en el nombramiento del Contralor y el Instituto de la Defensa Pública Penal?

Tengamos fe de que las cosas van a caminar bien. Tengo mis dudas, pero esperamos que no. Esperamos que podamos tener un Fiscal y un Contralor.

Por todo lo que estamos viviendo, con el presupuesto, oposición, prensa e instituciones. ¿Tenemos el riesgo de caer en un Estado populista o totalitario?

Estamos viviendo en un Estado, sino fallido, si colapsado. Pero esto es porque el Gobierno ha fallado. Si no tenemos precaución, dadas las circunstancias de quien financia la pobreza, que es usada con fines electorales, esto fácilmente podrí­a ocurrir. Tenemos que estar muy alertas.

Cree que lo que esta pasando con el partido oficial, la candidatura de la Primera Dama y demás va orientado en ese sentido.

En algunos momentos tengo mis dudas. No se si soy muy ingenua. Puede que la esposa del Presidente se vaya atrever a participar como candidata a Presidente. Yo más bien creo que su objetivo -y los demás no lo han observado- es ele Congreso de la República.

¿Usted tiene la impresión de que la Primera Dama le apuesta al Congreso, o que quiere controlar al Congreso?

Necesitan inmunidad. Si va de candidata y pierde, ¿qué va hacer? Hay un equipo que ahora tiene que entrar al Congreso; entran o entran, porque les es indispensable la inmunidad.

El presidente, con unas desafortunadas declaraciones, dice que es blanco del terrorismo cuando le enví­an un correo electrónico. ¿Qué opina del clima de inseguridad que vivimos? ¿Qué mensaje se le da a la población, que el hombre, probablemente más cuidado de Guatemala dice que es ví­ctima de la violencia por un correo cuando hay familias, que a diario se debaten entre la vida y la muerte con las extorsiones?

El presidente es un imprudente y que deberí­a tener más control con lo que dice. Diariamente lloramos miles de muertos en Guatemala; nos duele lo que está pasando y nos frustra ver el paí­s que le estamos legando a las próximas generaciones. Ya no se respetan los espacios públicos, como las camionetas, y el Presidente, tan resguardado, lanza esas declaraciones, pues duele.

En campaña, ¿Es necesario mentir para ganar?

No. Yo no lo creo. Pero si se que es el discurso que usan muchí­simos y que lamentablemente pega.

Volviendo al tema del Congreso. Es vox populi que para que pase una ley tiene que fluir el dinero. No en su caso, pero en el Congreso, ¿tiene usted conocimiento de que fluye efectivo u obras, a cambio de la aprobación o no de leyes?

Mire, tanto como dinero, sinceramente, no lo he visto. Es lo que se comenta, pero no lo he logrado detectar. Pero en el listado geográfico es obvio que si existe este tipo de componendas. Hay partidos que piden su cuota en el listado geográfico de obras, y parece razonable, que se debe intermediar para que las obras lleguen a las comunidades. El problema es que los diputados colocan a las empresas desarrolladoras y constructoras, y es ahí­ cuando se rompe el hilo entre lo correcto y lo incorrecto.

El Congreso pareciera ser el vehí­culo donde una reforma del Estado tiene que cuajar., peor la gente no quiere participar por el desprestigio. ¿Cómo recuperar el prestigio y el respeto hacia uno de los poderes del Estado? ¿Cómo recuperar a la gente que está empezando a un despertar cí­vico?

Es una tarea difí­cil, pero si la gente buena y decente no se compromete y no se involucra en la polí­tica, vamos a dejar que se contamine cada vez más la institucionalidad. Entonces, lo que van a haber son islas de efectividad, frente a olas que nos van a absorber. Es un imperativo moral y ético dar una última y gran batalla por Guatemala.

¿Tienen una alternativa aquellos guatemaltecos que quieran hacer algo por el paí­s, pero que no quieren participar en polí­tica, por las implicaciones que ello conlleva?

Estamos tocando fondo. Estamos a las puertas del abismo y por eso creo que tienen que haber alternativas, porque este es el único paí­s que tenemos; habemos muchos que no podemos simplemente irnos. Hay alternativas como los movimientos sociales, además hay partidos que no estamos contaminados y estamos dispuestos a abrir las puertas y cedamos, porque Guatemala lo necesita. El problema para la gente es que no encuentra cómo involucrarse. Tenemos que tener fe de que no todo esta mal y contaminado en Guatemala.

La iniciativa de ley de Extinción de Dominio se discute en el Congreso. ¿Qué opina sobre esta propuesta?

Esta iniciativa de ley, similar a la que ya existe en México, Colombia y otros paí­ses, en los que ha sido saludable lograr erradicar parte de la expansión del crimen organizado, podrí­a ser también positiva para Guatemala, aunque no se contemple atacar directamente a los criminales, sino a lo que han habido ilegalmente.

¿Cree que deberí­a haber una consideración especial en la discusión de esta iniciativa?

Estuve revisando la ley contra la Narcoactividad, decreto 48-92, y encontré que ahí­ está la figura del comiso, que a mi criterio es una versión menos desarrollada de la iniciativa de ley de Extinción de Dominio.

¿Por que la legislación dirigida contra los bienes del crimen organizado es difí­cil de discutir y aprobar en el Legislativo?

Desde mi punto de vista, percibo que hay falta de voluntad polí­tica para darle viabilidad al artí­culo 18 de la ley contra la Narcoactividad; se trata de falta de voluntad por parte de quienes tiene que hacer uso de la ley.

Considerando la ley contra la Narcoactividad, ¿Cree necesario aprobar la ley de Extinción de Dominio?

A lo mejor la iniciativa de ley de Extinción de Dominio está más desarrollada y especí­fica, pero no hay que perder de vista que ya hay una legislación al respecto y no se cumple; para aprobar la iniciativa he detectado falta de voluntad polí­tica y temor a no se qué, porque quien ha actuado en el ejercicio de sus funciones y ha cumplido con su deber, no tiene razón para estar temeroso de aprobarla. Puedo decirle que ya existe una legislación al respecto pero no veo mal la iniciativa.