Cuando se leen las reacciones de la gente luego de la captura de los pandilleros que tenían secuestrada a una persona a la que amenazaban con mutilar, se da uno cuenta de que la ausencia de ley en el país ha ido moldeando a la opinión pública porque es prácticamente unánime el clamor para que a esa gente se le elimine, simplemente, sin que nadie piense en que se le lleve el debido proceso porque no hay confianza en la administración de justicia.
«Más tardan en detenerlos que ellos en salir libres», es una de las expresiones más socorridas que uno lee o escucha en los programas de radio y, en ese contexto, es natural que la consecuencia lógica sea pedir que se salga de esos elementos antisociales que constituyen un grave peligro para la sociedad. Por ello es que la responsabilidad de los operadores de justicia es enorme, puesto que de una u otra manera contribuyen a convertirnos a todos en salvajes que recurrimos a la vieja receta del ojo por ojo y diente por diente en vez de promover la justicia basada en la aplicación de la ley para dirimir toda clase de conflictos.
Los linchamientos son acaso el resultado más visible de esa distorsión que se produce a partir de la certeza de que el sistema no funciona para defender a los honestos del comportamiento de los delincuentes. Pero esa forma fría en la que se pide que sean simplemente eliminados los delincuentes, sin confiar en que un juicio pueda propinarles el merecido y adecuado castigo es consecuencia directa de la frustración que nos provoca ver cómo todos los pandilleros, los delincuentes, sean o no de cuello blanco, se burlan de las leyes y salen libres.
Lo mismo ocurre con los de postín, los banqueros que se alzaron con el dinero de los depositantes y a quienes se les beneficia con la clausura del proceso penal, como si el dinero desaparecido fuera moco de pava, simplemente porque el Ministerio Público no cumplió con su deber de investigar y acusar. No digamos con los pandilleros que en vez de sobornar a los jueces y fiscales, lo que hacen es amenazarlos con su simple presencia, suficiente como para que los juzgadores temerosos por su seguridad y la de sus familias, se decidan por la fácil, dejando libres a los maleantes.
Al final de cuentas la salida más fácil es convertirnos también en salvajes y apelar a la limpieza social en vez de confiar en la justicia. Vale esta reflexión sobre todo ahora que se acaban de instalar las Cortes, para que nuestros jueces y magistrados entiendan el daño que le hacen a la sociedad si no cumplen con su sagrada misión.