Vemos, sin embargo, un peligro en la decisión del Gobierno porque no pareciera que se actuó con la previsión del caso para asegurar que todos los pacientes puedan recibir atención. Evidentemente los voceros de los patronatos están apostando a que fracasará la iniciativa para demostrar no sólo la necesidad de que ellos continúen, sino que la inutilidad del Estado para atender las necesidades de los pacientes. Y si con el aporte de los pacientes (que no era el aporte de los patronatos sino dinero cobrado por ellos) no alcanzaba para dar atención de buena calidad a los pacientes, nos imaginamos que puede darse un colapso si no existen previsiones adecuadas para asignar los fondos necesarios.

Por principio creemos que todos los guatemaltecos tenemos que solidarizarnos para resolver nuestros problemas y en ese sentido el aporte de particulares para contribuir a aliviar penas a los más necesitados es encomiable. Pero la experiencia demuestra que muchos de esos patronatos son más que obra filantrópica, mecanismos para evadir responsabilidades fiscales, como ha ocurrido también con la educación. Pero lo más importante es entender que hay funciones del Estado que no pueden ser delegadas y que tiene que asumir sin evasivas de ningún tipo. Educación y salud son dos servicios que por mandato constitucional tienen que darse de manera gratuita a los más necesitados y por ello si bien aplaudimos la iniciativa del Gobierno para retomar sus funciones, creemos que tiene que hacerlo con excesivo celo, para evitar que un traspié sea aprovechado por quienes se benefician con el desprestigio de todo lo público. Ojalá que el Ministerio de Finanzas no falle en la colocación de los fondos para garantizar atención a los pacientes, puesto que sólo de esa manera se hará que la medida sea en verdad positiva para la población y el riesgo de que se incurra en fallas es demasiado grande como para haberse aventurado a eliminar los cobros sin tener la garantí­a de que habrá asignación apropiada de recursos.