Expertos y sindicalistas, consultados por Visión Electoral, coinciden en señalar que el marco legal que regula los derechos de la clase trabajadora, no se cumple en Guatemala. A lo anterior se agrega la discriminación que sufren las mujeres, a quienes en el campo, no se les paga salario, por considerarlas ayudantes. El reclamo por el trabajo digno y decente debe ser parte de la agenda que impulse el nuevo gobierno y el Congreso, afirmaron.

Aun cuando el trabajo es considerado por nuestra Constitución Polí­tica como un derecho de la persona y un deber social, las organizaciones sindicales han denunciado la falta de voluntad polí­tica para cumplir con la legislación laboral, lo que se traduce en un deterioro en las condiciones de vida de las familias guatemaltecas.

Para Alejandro Argueta, experto laboralista, Guatemala presenta un retroceso respecto al interés y a la capacidad de los sectores sociales de fortalecer un diálogo que permita hacer valederos los derechos de las y los trabajadores. «Vemos un deterioro en las condiciones de trabajo, como largas jornadas que les impide a los trabajadores compartir con su familia, agravado por el bajo poder de compra que tienen los salarios», indicó.

Rigoberto Dueñas, Secretario General Adjunto de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), aseguró que el principal problema para la clase trabajadora es la falta de aplicación de la legislación laboral. «La ley laboral guatemalteca es buena pero su aplicación anda por los suelos, en la calle de la amargura. Estamos preocupados porque hay juicios que deben durar uno o dos meses y ya llevan años», dijo el sindicalista.

Aun cuando las condiciones laborales son difí­ciles en toda la república, la situación se agrava en el campo, donde existe un salario mí­nimo menor que en la ciudad. A lo anterior, hay que agregar la discriminación que se contempla en la ley, en la que las mujeres campesinas no son consideradas trabajadoras, sino ayudantes. Senaida Cosagua, encargada de enfoque de género del Comité de Unidad Campesina (CUC), afirmó que «Las compañeras trabajadoras en el campo sufren de discriminación, siempre trabajan realizando tareas iguales a las que hacen los hombres, pero su trabajo no es reconocido en el momento de la paga, ya que se considera que ayudan, pero no trabajan». Cosagua también se refirió a la estrategia utilizada por algunos patronos para evitar el pago de prestaciones laborales: «A los hombres se les hacen contratos de tres meses y se les pone a prueba, cada vez que se vence ese tiempo, se les van renovando o se contrata a otra persona en su lugar (?) así­ los patronos no tienen que cancelar ninguna prestación» indicó.

Uno de los temas polémicos en esta campaña electoral ha sido el referido a la polí­tica salarial basada en la productividad. El laboralista Alejandro Argueta indicó que el concepto de productividad no puede ser utilizado para calcular el salario, ya que primero se necesitarí­a la tecnificación por parte del sector privado. «La productividad como categorí­a sí­ existe, pero no tiene que ver únicamente con la capacidad de la mano de obra, sino con la implementación de tecnologí­a, la calidad del capital y las condiciones de infraestructura», subrayó.

Los sindicatos han rechazado la propuesta del pago por productividad porque lo consideran contrario a las leyes laborales. «No se puede permitir este tipo de pago porque eso sólo legitima el alto grado de impunidad que existe en el paí­s en materia laboral», dijo Rigoberto Dueñas. «No tenemos por qué abrazar el discurso del sector empleador que lo que busca finalmente, es no pagar salarios», agregó.

Actualmente, el salario mí­nimo para el campo es de mil 337 quetzales para las tareas agrí­colas y de mil 374 quetzales para el trabajo no agrí­cola. Sin embargo, la canasta básica vital sobrepasa los 2 mil quinientos quetzales. El año pasado, el aumento salarial se estipuló en un 5 por ciento, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades primordiales de la población.

Para Senaida Cosagua, del CUC, generar empleo y criterios de contratación sin discriminación alguna, deben ser dos de las estrategias que los partidos polí­ticos deberí­an impulsar desde el Congreso y la Presidencia de la República. «Es muy poca la mujer y el hombre que tiene trabajo, por eso mucha gente se pasa buscando y al no conseguir, se van a migrar.» Por su parte, Rigoberto Dueñas de CGTG, indicó que la generación de puestos de trabajo es una necesidad primordial. «Debe ser un empleo de calidad, lo que se llama ahora trabajo decente (?) Hay que velar en qué condiciones se dan los trabajos para que sean dignos» sostuvo. Para Alejandro Argueta, se debe generar una discusión entre el sector laboral y el Gobierno para garantizar mejores condiciones para las y los trabajadores. «Se debe depurar la corrupción que existe en la Dirección General de Trabajo, y a partir de ahí­, se debe fortalecer la institución para erradicar la ineficacia en la implementación de sanciones laborales» subrayó.