La acción policial, dirigida por fiscales del Ministerio Público, realizada hoy en Jutiapa para capturar a los miembros del Concejo Municipal que dieron posesión al alcalde electo, Manuel Castillo, en condiciones que hacen suponer a las autoridades que hubo falsedad material e ideológica en el acta de toma de posesión, constituye un paso en la dirección correcta para iniciar el magno esfuerzo de terminar con tanta impunidad en Guatemala y buscar el imperio de la ley. Se trata, indudablemente, de un caso paradigmático porque la figura de Manuel Castillo se ha vinculado con uno de los crímenes más crueles de los últimos años y su burla a la justicia es un escarnio para el sistema nacional.
Creemos que es importante la concepción de que tenemos que apegarnos a la letra y el espíritu de las leyes y que si consideramos que éstas son injustas o inadecuadas, habrá que buscar los mecanismos legales para modificarlas, pero mientras tengan vigencia no hay forma de que los guatemaltecos sigamos jugando la vuelta a la legalidad para salirnos cada quien con nuestro gusto.
Por supuesto que eso nos lleva también a casos como el que hoy se está dando con el magisterio, puesto que si bien tienen todo el derecho y quizás hasta el deber de ser solidarios con su dirigente que está bajo el riesgo de perder su puesto, teóricamente porque ha dedicado el tiempo a servir a los intereses del gremio, todo lo tienen que hacer dentro de la ley y, sobre todo, sin perjudicar a terceros que, en este caso, son los niños de las escuelas. Hay muchas formas en las que un gremio puede mostrar su parecer sin necesidad de incurrir en la ilegalidad.
El problema nacional es bien complejo porque ni ciudadanos ni autoridades nos hemos acostumbrado a cumplir la ley, creando una realidad que indica que para lograr objetivos hay que realizar presiones y que es actuando con medidas de hecho como se obtienen resultados. Es indispensable revertir esa condición imperante y para ello resulta absolutamente necesario que sea el Estado y sus autoridades quienes principien por respetar de manera absoluta y devota nuestro régimen de legalidad. No podemos seguir permitiendo que se ignoren preceptos legales, que se manosee la estructura de nuestro derecho, para acomodarlo a los intereses de nadie.
Hemos caído en el plano del desprecio por los procedimientos ordinarios y lo mismo cuando un ciudadano se pasa un semáforo en rojo o cuando un funcionario se enriquece burlando a la Contraloría de Cuentas mediante la creación de un fideicomiso, existe toda una cultura de jugarle la vuelta a la ley y hemos llegado al caso de que quien respeta las normas está en desventaja frente a todos los que están prestos a violarlas. Se trata de una cuestión muy profunda porque la raíz de nuestras deficiencias como Estado se encuentran en esa generalizada cultura de ilegalidad, de irrespeto a la ley y de que cada quien haga lo que le da la gana, lo mismo si es en el tráfico que si es ejecutando extrajudicialmente a alguien.
Costará mucho entrar en la senda de la legalidad porque los precedentes aconsejan recurrir a las acciones de hecho si se buscan resultados. Pero es indispensable que se rompa el círculo vicioso de esa absoluta falta de civismo y tiene que ser el Estado el que principie a actuar enmarcando todos sus actos en la normativa legal. Basta ya de impunidad, debe ser un grito y clamor de la población, pero necesitamos todos cambiar de actitud y abandonar esa tendencia colectiva a pasarnos toda norma por el arco del triunfo, convencidos que a la brava se consiguen mejores resultados.