Pervez Musharraf dio en los últimos días los primeros pasos para una vuelta a la normalidad en Pakistán sin lograr con ello apaciguar a una comunidad internacional que sigue sin creerse las razones esgrimidas por el Presidente para imponer el estado de excepción.
La práctica totalidad de los casi seis mil detenidos desde el 3 de noviembre han sido liberados, las restricciones a los medios de comunicación empezaron a aliviarse y Musharraf ya ha anunciado que colgará el uniforme este fin de semana para transformarse en líder civil.
Todo ello no parece haber impresionado a nadie, excepto al presidente chino Hu Jintao, que ofreció una de las pocas muestras de simpatía hacia Musharraf en un mensaje en el que destacaba la importancia de mantener «la estabilidad social».
Los pasos dados por Musharraf al amparo del estado de excepción no parecen tener nada que ver con su razón de ser, según el régimen: el recrudecimiento de la actividad terrorista islamista.
En ese contexto, la Mancomunidad Británica de naciones (Commonwealth) decidió el jueves suspender a Pakistán, tal y como había hecho ocho años antes cuando Musharraf se hizo con el poder con un golpe de Estado incruento.
Islamabad reaccionó enfadado a la decisión del bloque y la calificó de «irrazonable e injustificada», advirtiendo que el estado de excepción en el país no será levantado bajo presiones exteriores.
«Todo país suspendido te dirá que no entendemos las circunstancias particulares en su país en ese momento», dijo el secretario general de la Mancomunidad, Don McKinnon.
El problema es que «sí las entendemos», sentenció McKinnon, dando a entender que existe un problema de credibilidad en Islamabad.
Un problema al que aludían ampliamente los observadores, dentro y fuera del país.
«Todos los dictadores paquistaníes, empezando por Ayub Jan, se apañaron para superar las objeciones legales a su poder porque el aparato del Estado estaba con ellos», afirmaba este viernes el diario paquistaní Dawn en un editorial.
«Sin embargo», agregó Dawn, «eso no sirve de ningún modo para conferir legitimidad» a su poder.
El diario valoraba así la decisión del Tribunal Supremo que el jueves ratificó la victoria de Musharraf en las elecciones de octubre después de que el presidente sustituyese a todos sus jueces.
Más difícil que la de los países de la Commonwealth es la situación de Washington.
Estados Unidos no puede permitirse erosionar el poder de un importante aliado en la «guerra al terrorismo» pero tampoco puede tolerar virajes totalitarios después de orquestar un lavado de cara democrático al régimen que incluía el regreso de la ex primera ministra Benazir Bhutto para compartir el poder con Musharraf.
El diario The New York Times ponía de relieve esta paradoja en un editorial en el que reclamaba al presidente George W.Bush más firmeza ante Musharraf, teniendo en cuenta sus pobres resultados en la lucha contra el terrorismo.
«El general Pervez Musharraf ha hecho muy poco en los últimos seis años por echar a Al Qaeda y a los talibanes de sus santuarios paquistaníes, pero el presidente Bush aún insiste en vincular los intereses de Estados Unidos a los caprichos erráticos y autoritarios del general».
«Incluso con Pakistán bajo la ley marcial, Bush afirmaba absurdamente esta semana que el general es ’alguien que cree verdaderamente en la democracia», agregaba.
«La administración (Bush) necesita jugar con más dureza diplomática con los militares paquistaníes, haciéndoles saber que la dictadura de Musharraf no es lo que más le interesa», sentenció, abogando por la creación de un frente democrático entre Bhutto y el ex primer ministro Nawaz Sharif, que sigue sin poder regresar a Pakistán.