Cada día hay más quejas respecto a la forma en que se procede en el Registro Nacional de Personas, porque resulta que los trámites son extraordinariamente engorrosos y se hace muy difícil obtener el documento de identidad personal que ha de sustituir a la cédula de vecindad. Pero además del problema que representa esa anarquía, es preciso que se ponga atención al asunto porque no puede descartarse que existan maniobras precisamente porque en medio del relajo se puede adelantar la documentación anómala de mucha gente con la mira puesta ya en las elecciones del año 2011.
En efecto, hay que entender que el nuestro es un sistema político que tiene muchas deficiencias y en donde la corrupción está presente en prácticamente todos los estratos de la vida nacional. En ese sentido sería ingenuo suponer que nadie está pensando en aprovechar el relajo que se traen en el Renap para sacar provecho y preparar un fraude que resulte muy difícil de detectar y más aún de probar, puesto que los electores que participen podrán estar debidamente inscritos de conformidad con los formalismos del Registro. Desde el momento en que se hizo la adjudicación a la empresa que se haría cargo de la emisión del documento único de identidad personal, surgieron serias dudas sobre la transparencia de la operación porque se evidenció dedicatoria en el proceso. Pero aquí no estamos hablando únicamente de un negocio más, de los tantos que se realizan en el marco de la gestión pública, sino de un trinquete que puede tener implicaciones electorales muy serias y que amarraría a los financistas de campaña para continuar por lo menos otro período gozando del tráfico de influencias que ha sido tan rentable en estos dos años. La cédula de vecindad fue un instrumento vulnerable en la identificación de personas y eso tuvo mucho que ver no sólo con manipulaciones electorales alentadas por los alcaldes que tenían el control del registro de vecindad, sino también con cuestiones graves para la seguridad jurídica porque siendo que para cualquier negocio era suficiente presentar ese vulnerable documento como prueba fehaciente e irrefutable de identidad, mediante cédulas falsas se hicieron estafas muy grandes y se realizaron compraventas de bienes inmuebles y de bienes muebles por cantidades multimillonarias. De esa cuenta era indispensable disponer de un documento absolutamente confiable para superar esa inseguridad jurídica en el país, pero resulta que en medio de la anarquía actual, nadie puede tener confianza en que se está trabajando con criterios profesionales y efectivos para asegurar que la emisión del DPI sea garantía absoluta de confianza en la identidad ni, mucho menos, que podamos decir adiós a los fraudes electorales.