Según las noticias de prensa escrita e información que he recibido de personas amigas y afines, las numerosas asociaciones cooperativistas existentes en el paí­s, consideraron que el mismo derecho que tení­a el exclusivo cí­rculo de asociaciones que durante tantos años habí­a sido quien escogí­a, proponí­a y elegí­a al titular y al suplente en la Junta Monetaria para representarlos, les correspondí­a a ellos y que como parte de la evolución de la sociedad civil, dentro de la democracia, buscarí­an ponerse de acuerdo y compartir entre titular y suplente o si era el caso ejercer su representatividad como asociaciones autónomas de personas dedicadas a las actividades de comercio, industria y agricultura.

No es un secreto que le propusieron a CACIF y a la Cámara de Industria buscar un consenso, mas la falta de permeabilidad y flexibilidad de los sectores tradicionales y seguramente las ambiciones particulares de Sergio de La Torre, que aspiraba a ser el titular, impidieron encontrar un acuerdo.

Lo cierto es que por más del doble de los votos que CACIF coordinaba y representaba, las asociaciones cooperativistas mandaron a la lona el monopolio que habí­a existido, lo que incluso, en el pasado, fue motivo para que la Cámara de Comercio se retirara de CACIF al no respetársele en la rotación que internamente habí­a existido entre asociaciones y cámaras en esta importantí­sima silla que la Constitución le ha concedido de forma democrática a las asociaciones para ser parte de la Junta Monetaria.

Astutamente Lizardo Sosa, conocido y fogueado polí­tico y profesional de la banca y de la economí­a, aparece como el titular, complementado como suplente por Ciriaco Pirique, persona de muchos años de actividad dentro del sector cooperativo.

El hecho no debe pasar desapercibido, es más, debe meditarse lo manifestado por Gerardo De León, directivo de la Federación de Cooperativas Agrí­colas de Café de Guatemala: «Nosotros también representamos al sector privado en agro, industria y comercio».

No meditar lo acontecido, no comprenderlo por parte de las tradicionales asociaciones y cámaras agrupadas en CACIF, serí­a un grave error porque las asociaciones cooperativistas representan mayor número de guatemaltecos, emplean mayor número de trabajadores que los que emplean las entidades que integran CACIF; simplemente no habí­an despertado en esta etapa en la que hoy legí­tima y procedentemente han actuado.

En lugar de impugnar, de cuestionar el procedimiento de elección, de recurrir a acciones jurí­dicas, de dejarse llevar por el orgullo y la soberbia, deben de comprender que su monopolio en las sillas que el sistema democrático ha otorgado a la totalidad del sector productivo, les pertenecen a todos los que integran el amplí­simo y significativo sector. Por ello, en el futuro, lo adecuado será ponerse de acuerdo, reconocer que los empresarios pequeños, medianos y los grandes tienen igual representatividad y no echarle la culpa, como ya se escucha en corrillos, al gobierno, al presidente ílvaro Colom o a su señora.

Si no aprenden la lección perderán otras sillas como la de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque a todo ambicioso se le rompe el saco.