Se sabe que las últimas licencias de explotación minera tuvieron un importante costo para las empresas extranjeras que realizan la operación y en ese contexto se encuentra la explicación para la forma en que el gobierno se ha esmerado para cumplir con los inversionistas para reprimir cualquier asomo de protesta social y para avalar las acciones de la misma minería en contra de pobladores como ocurrió hace una semana, cuando el Ministro de Gobernación asumió la defensa oficiosa, pero frontal de la seguridad de la mina San Rafael diciendo que “se habían defendido” y que usaron armas no letales contra quienes “quisieron entrar a la mina”.
La agenda oficial tiene mucho que ver con las relaciones que se han establecido entre los funcionarios y los particulares que hacen negocios con el Estado. En realidad se percibe que todas las acciones del poder público tienen que ver con los negocios que se hacen y de esa suerte esa agenda está determinada por los compromisos adquiridos con financistas o con concesionarios que se mueven dentro de esa estructura de cooptación de las acciones del Estado en función de los negocios.
Por supuesto que cualquier expresión de descontento de la población se pasa por alto mientras se quede únicamente en la esfera del malestar, pero si los afectados toman algunas medidas en defensa de lo que consideran sus derechos y ponen el riesgo el interés de los inversionistas que han lubricado adecuadamente la maquinaria de la toma de decisiones, se produce la reacción firme del poder público que, como ha ocurrido ahora, no vacila ni siquiera para decretar la vigencia de la Ley de Orden Público en el máximo grado posible para contener la protesta.
Se afirma que los problemas en Jalapa y Santa Rosa tienen que ver con el narcotráfico y el crimen organizado, afirmación que demanda pruebas contundentes porque es sumamente grave y puede ser un precedente funesto para criminalizar por completo toda la protesta social, algo que se ha venido dando, pero no en la dimensión de este último caso.
Indudablemente el narcotráfico y el crimen están metidos en todos los estratos de la sociedad. En Santa María Xalapán todos los pobladores varones han servido en el Ejército y tienen experiencia y formación en tema de armas, por lo que muchos trabajan en temas relacionados con seguridad y no será raro que algunos trabajen para proteger a maleantes, pero de eso a lanzar un estigma sobre toda una comunidad hay una gran diferencia.
El interés general debe prevalecer sobre el particular, pero en la minería es obvio que los intereses que prevalecen son los de los negocios.
Minutero:
Ante todo está el negocio,
y si la protesta social
le causa perjuicios al socio,
se frena en forma brutal